Pero la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2013, que piensa más en un modelo centroeuropeo que en el mediterráneo, y la búsqueda de alianzas en Europa no serán su único frente. También tendrá que luchar por las subvenciones comunitarias a la pesca y por los acuerdos de asociación con terceros países, que levantan ampollas entre los agricultores y reabrirán heridas en el ámbito internacional. En casa, por su parte, tendrá que organizar el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente -hasta ahora de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino- y trabajar para que se consiga el equilibrio en la cadena agroalimentaria.
En Bruselas, su objetivo será consolidar el «status quo» actual de España, como segundo perceptor de fondos agrícolas (6.090 millones, tras Francia) y el tercero en los de desarrollo rural (1.562 millones, después de Polonia y Rumanía), para después enfrentarse a la difícil tarea de un reparto nacional que puede abrir luchas internas. Los agricultores mirarán con lupa al nuevo inquilino de Atocha, ya que, no en vano, de la PAC depende el futuro del campo y de miles de empleos.
El Gobierno ha impregnado de espíritu agrícola el Ministerio, pero está por ver cómo conjugará los intereses agrarios con los ecologistas, no siempre bien avenidos.
La interlocución con el sector agrícola y ganadero situará al sillón del ministro sobre un «avispero», en un contexto de lucha por la mayor representatividad (Asaja, COAG y UPA) o por el acceso a las mesas de negociación (La Unió o las federaciones agroalimentarias de los sindicatos).
El nuevo Gobierno es consciente, además, de que en esta legislatura podrían volver las protestas a la calle.
Con una mayoría del Partido Popular en las instituciones, el nuevo titular tendrá al menos el respaldo teórico de sus líderes regionales, pero sufrirá la presión del bastión socialista andaluz.
Igualmente, no tendrá fácil consensuar una política nacional, para que las aguas vuelvan a su cauce, y elaborar un nuevo Plan Hidrológico Nacional que contente a todos y zanje diferencias irreconciliables en asuntos como los trasvases del Ebro o el Tajo-Segura. Con la restricción presupuestaria como lastre y el coste de energía en máximos, también peligra la modernización de regadíos.
Se encontrará sobre la mesa proyectos socialistas culminados, pero pendientes de desarrollar, como los reglamentos de la Ley de integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (Reass) en el General, y otros que aún se deben tramitar, como la futura ley de mejora de la cadena agroalimentaria.
Las decisiones de la gran distribución y de Competencia requerirán de un esfuerzo titánico, si el Ministerio quiere garantizar unas rentas adecuadas para el sector agropecuario o, al menos, que igualen sus costes.
Profesionalizar un sector primario todavía muy atomizado y en reconversión permanente, con mejor gestión de la oferta y de la comercialización, y la adaptación a la globalización serán otros de los desafíos para el futuro ministro. Sin olvidar el necesario impulso a la internacionalización como vía de escape frente a la caída de consumo interno.
Un campo que ya ha perdido demasiadas guerras. Las industrias y las empresas también le han puesto ya deberes, como el acceso a la liquidez, avales de crédito a la exportación, mejoras fiscales y tributarias, apoyo a la concentración y fusión cooperativa.
«La única batalla que se pierde es la que no se da», decía la ex ministra Loyola de Palacio, un lema que podrá recuperar el futuro Gobierno para responder a las expectativas creadas.
Desde el sector agrario advierten de que no le entregarán un cheque en blanco y le exigirán que gane todas esas batallas, especialmente la europea, porque consideran que el campo ya ha perdido demasiadas guerras.
El tema central de su agenda ambiental será decidir qué municipio acoge el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta radiactividad, algo que estuvo a punto de resolverse en 2010 y que, finalmente, se paralizó por diferencias políticas entre el Gobierno central y las CCAA con municipios candidatos a albergarlo. Atendiendo solo a criterios técnicos, la elección apuntaba al municipio de Zarra (Valencia).
Habrá de perfilar también la política energética del país, sobre todo el papel que deben desempeñar las renovables y la energía nuclear, con el cierre previsto de Santa María de Garoña (Burgos) a la vuelta de la esquina (2013) y lo ocurrido en Fukushima aún muy presente en la opinión pública.
