El Gobierno de Mariano Rajoy tiene como prioridad cumplir con la cifra de déficit exigida por la Unión Europea y ya está poniendo todas las bases para que las comunidades no lastren ese objetivo. Así, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, adelantó ayer que se modificarán las leyes para poder exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que gasten más de lo fijado en los presupuestos. Una medida que ya se comunicó a las regiones durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del martes.
«Un gestor público, sea un político o un directivo nombrado por uno de éstos, no puede gastar más allá de los límites que tenga en los presupuestos», señaló el político popular en una entrevista en la SER. Se trata, por tanto, de una cuestión de Justicia, pues, a su entender, los gestores públicos que «falsean» la contabilidad deberían afrontar las mismas responsabilidades que los privados que cometen igual delito.
Desde su punto de vista, si una autonomía quiere gastar más de lo que le exige el Gobierno puede hacerlo, pero buscando ingresos adicionales, no recurriendo a nuevas deudas que difícilmente podrán devolver.
«Que se lo pida subiendo los impuestos a los ciudadanos y que éstos decidan después, en unas elecciones, si lo que ha hecho ese Ejecutivo es correcto. Lo que no está bien son las facturas falsas en el cajón, la falta de transparencia y acumular deudas que luego se vuelven impagables, que es lo que está ocurriendo ahora», remató.
Sus declaraciones provocaron un gran revuelo, algo por lo que el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, se mostró sorprendido, ya que, según recordó, esta medida era un compromiso adquirido por su partido durante la campaña electoral: «Hay que exigir cada vez más responsabilidad a quienes administran el dinero de todos, sin descartar responsabilidades penales para aquellos que asuman gastos sin respaldo presupuestario».
De paso, el exalcalde de Vitoria lanzó una pulla a los socialistas: «Abandonaron a la deriva el barco del Gobierno, tras limpiar la caja y dejar un boquete adicional de 20.000 millones de euros. El PP ha recibido la peor herencia de la democracia».
Desde la otra acera, el presidente del PSOE, Manuel Chaves, cargó contra Montoro: «A los gestores que se excedan en el gasto solo se les podrán exigir responsabilidades públicas si comenten un delito. De lo contrario, se trata de una responsabilidad política que se debe exigir en el Parlamento».
De cumplir con esas expectativas, el Ejecutivo central estaría poniendo en marcha una medida de presión para garantizar la disciplina presupuestaria entre las comunidades. No obstante, entre sus últimos proyectos se encuentran también algunos salvavidas, que permitirán aliviar la delicada situación que atraviesa la administración local. Es el caso de la nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) o la ampliación del plazo a 10 años para devolver los anticipos a cuenta.
Ambas iniciativas se pondrán en marcha «en pocas semanas». Sobre el ICO, el titular de Hacienda señaló que el Gobierno quiere que los proveedores a los que las regiones deben dinero puedan cobrar las facturas pendientes «antes de verano». De hecho, acaba de inyectar a la Generalitat valenciana 420 millones de euros para tal fin.
