Castilla y León y Castilla-La Mancha, elegidas para desarrollar este proyecto por ser las dos comunidades a las que les corresponde la representación ante la UE en los próximos meses, también trabajarán con los órganos pagadores para comprobar qué aspectos pueden ser objeto de simplificación.
Una vez escuchadas ambas partes, los responsables de las dos administraciones convocarán al resto de autonomías y confían en enviar al Ministerio las conclusiones de su investigación en el plazo de un mes o mes y medio. Este documento será analizado en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea.
Clemente subrayó la importancia de lograr una “mayor eficiencia” en la gestión de las ayudas de la PAC porque puede suponer un ahorro de hasta cien millones de euros, el 10 por ciento de los 1.000 millones de euros en subvenciones que llegan cada año a la Comunidad. De igual modo, esto llevaría inevitablemente unido un adelanto a la hora de cobrar. Según recordó Clemente, España está todavía lejos de países como Francia en este aspecto, donde más del 90 por ciento de las ayudas están resueltas en diciembre frente a poco más del 50 por ciento de España.
En el marco de la Unión Europea, el proyecto pasa por promover que los funcionarios conozcan mejor la realidad de las explotaciones. Para ello está previsto que un buen número de ellos visiten los establecimientos agrícolas y ganaderos españoles y del resto de países miembros.
