De acuerdo con la hoja de ruta establecida, acaba de comenzar la cuenta atrás para la reforma de la Política Agrícola Común a partir de 2013. El comisario Dacian Ciolos presentó esta semana la propuesta de la UE, que ayer jueves comenzó a debatirse, aunque partió de un sesgo muy definido, tanto por el susodicho documento como por la comunicación emitida hace días por la Comisión sobre las perspectivas financieras en el seno comunitario entre 2013 y 2020.
La propuesta no contiene variaciones importantes sobre el documentó que filtró Bruselas hace semanas, salvo por la introducción de algunos puntos referidos a la necesidad de luchar desde el ámbito de la política alimentaria contra el problema de la obesidad y a la conveniencia de promover una mayor calidad mediante productos con alto valor añadido.
Frente a algunos temores sobre el posible desmantelamiento de la PAC que se han recrudecido en momentos muy puntuales a raíz de algunos casos de fraude en las ayudas, la realidad es que Bruselas mantiene su apuesta por el sistema de subvenciones.
En la actualidad, por la progresiva caída de los precios y de los mecanismos de intervención, las ayudas directas suponen en España aproximadamente el 30% de la renta de una explotación media.
Al margen de lo que eso supone para el mantenimiento de las rentas de millones de ciudadanos, Bruselas también apuesta por la PAC por considerarla una política clave para mantener la cohesión territorial, el empleo en el medio rural y la defensa del medio ambiente y la biodiversidad.
Además, la PAC se considera indispensable para mantener la producción de alimentos en un volumen suficiente que permita atender la demanda de más de 500 millones de habitantes sin depender en exceso de terceros países, así como por garantizar unos productos seguros y de calidad.
No obstante, para tal apoyo Bruselas advierte a la vez de que el sector agrario debe estar abierto a la innovación y tener capacidad para competir en unos mercados cada vez con menos barreras en las fronteras. En consecuencia, con un avance notable en su enfoque medioambiental, para la protección del territorio, el empleo y la innovación, la PAC seguirá existiendo en la próxima década
A partir de ahí, la pregunta inevitable es cómo va a ser esa PAC en el futuro, con qué recursos contará, cuál será la distribución de los mismos y cómo funcionarán los mecanismos de regulación.
Algunas de esas respuestas ya se hallan en la propuesta comunitaria, y, aunque es probable que los países logren introducir algunos añadidos a esa filosofía marcada por Bruselas, no resulta previsible que se modifiquen las directrices ya planteadas.
Desde una perspectiva puramente financiera, la reforma de la PAC que se aplique a partir de 2013 deberá adecuarse al marco presupuestario que se determine desde 2013 hasta 2020. En principio, según ese documento, el sector agrario podría estar parcialmente satisfecho al señalarse que Bruselas seguirá aportando la mayor parte de los recursos y dejando a los países miembros solo la responsabilidad de cofinanciar otras políticas como el desarrollo rural. En consecuencia, y era lo más preocupante para España a la vista del escaso interés que despierta lo agrario en la Administración y en los Presupuestos Generales, no se impondrá la cofinanciación general por los Estados.
Inicialmente, debido a la actual situación de crisis económica y al consiguiente ajuste del gasto público, se baraja la posibilidad de una rebaja superior al 5% en el conjunto de los fondos dedicadas a los dos pilares de la PAC, que suman 55.000 millones de euros. De ellos, 43.000 son para los pagos agrarios y el resto están destinados al desarrollo rural. De esa cifra, España percibe anualmente unos 6.200 millones en apoyos directos y otros 1.200 por la vía del desarrollo rural.
