La aplicación de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) es probable que no se aplique hasta 2015. Esta es la opinión que, en los últimos tiempos, gana más fuerza en medios comunitarios y entre los técnicos de la Administración agraria española, consecuencia de la lentitud en su tramitación, el proceso de debates en el seno del Parlamento Europeo y por la aprobación financiera para la Unión de 2014 a 2020.
Según el calendario inicial, tras la presentación oficial de la propuesta de reforma el pasado mes de octubre, se debería esperar la elaboración de los correspondientes reglamentos la primavera próxima, para poner en marcha toda la maquinaria encaminada a su aprobación. Pero, la actual situación de competencias entre los diferentes organismos e instituciones comunitarias, la necesidad de conocer las disponibilidades financieras y, a la postre, la necesidad de clarificar la actual situación política y económica en el marco comunitario son razones que apuntan a la imposibilidad de tener todo listo, los acuerdos incluidos en cada Estado, para la redistribución de los fondos.
A diferencia de lo que sucedía en el pasado, donde todo el poder se hallaba en manos de la Comisión, y donde el Parlamento no pasaba de la consulta, ahora es necesaria la codecisión de la Eurocámara, donde la aprobación es más lenta y, sobre todo, donde existen unas posiciones más encontradas contra los actuales términos de la propuesta desde los representantes de cada país.
En el seno del Parlamento Europeo no existe una posición de rechazo total a la propuesta de reforma planteada por la Comisión como esgrimía la todavía ministra española de Medio Ambiente, Rosa Aguilar.
Pero hay una serie de puntos muy importantes donde se da un claro desacuerdo prácticamente desde todos los grupos de la Cámara. Entre las cuestiones en contra cabrían destacarse dos.
Primera, las exigencias sobre la política verde para acceder nada menos que al 30% de los fondos que se asignen a un país. Existe una posición generalizada de que no se pueden manejar los mismos criterios a la hora de definir lo que pueda ser una política verde o de respeto al medio ambiente en todos los Estados miembros. Por otra parte, existe igualmente coincidencia general en que los agricultores y ganaderos comunitarios, ya cumplen una serie importante de medidas agroambientales que deberían bastar para tener derecho a esa parte de los fondos, aspectos que no se exigen a los productores de terceros.
Por otro lado, en muchas zonas de monocultivo es imposible una rotación de sembrados como plantea Bruselas. Es más, en una zona se puede contribuir más al medio ambiente ahorrando agua y en otras dedicando tierras para pastos. Simplemente, se puede considerar como política medioambiental el hecho de mantener más de dos millones de hectáreas de olivar, las superficies de leñosos en frutas o el propio viñedo. Los europarlamentarios coinciden en su oposición a la exigencia de dejar un 7% de la superficie sin cultivar en un contexto donde es necesaria la producción de alimentos para atender las necesidades de una población en aumento, y los precios en alza.
Segunda, se rechaza la redacción comunitaria sobre las condiciones para considerar a un preceptor como activo y, en consecuencia, con prioridad para acceder a los fondos comunitarios. Como se sabe, se quiere considerar activo, según esa definición, a toda persona física o jurídica cuyos ingresos por ayudas de la PAC superen el 5% del total de sus ingresos, excluyendo de esa exigencia a quienes reciban menos de 5.000 euros por ese concepto y a todos que desarrollen una actividad profesional como agricultores o ganaderos de acuerdo con el buen hacer en el sector en cada Estado. O sea, que para la Comisión, todos serían agricultores activos, menos las tierras de Renfe o de AENA que gestiona los espacios aledaños de los aeropuertos.
Se espera, pues, una posición de gran dureza del Parlamento frente a la Comisión, incluso se maneja la posibilidad de un bloqueo antes de dar la luz verde a la reestructuración.
A la hora de aprobar la reforma, no se puede olvidar que es indispensable conocer el montante de las disponibilidades financieras que se asignen para la misma. Actualmente, hay rechazo desde países como España a la cifra asignada. Las previsiones apuntan todo lo contrario y más en la actual situación de Unión Europea en este proceso de refundación y los ajustes que se puedan producir. Bruselas tiene el compromiso de aprobar las perspectivas financieras para el período de 2014 a 2020, pero no hay nada cierto sobre el montante, y sin conocerlos es imposible aprobar la reforma.
Para aplicar la reforma, es igualmente indispensable que los Estados miembros adopten diferentes resoluciones sobre su ejecución antes de agosto de 2013. Se trata de decisiones complejas, sobre todo para algunos países como España, dada su gran diversidad y la necesidad de realizar los ajustes y las modificaciones para la redistribución de los fondos.
