La tercera reforma financiera del Gobierno de Rajoy ya está aprobada. El Consejo de Ministros dio ayer vía libre al banco malo, que, según el ministro de Economía, Luis de Guindos, debe ser una sociedad de gestión de activos inmobiliarios «rentable», que se desprenda de ellos en 10 ó 15 años, además de que no cueste «ni un euro al contribuyente», según la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Presumiblemente, para finales de noviembre o principios de diciembre, las entidades nacionalizadas transferirán sus activos inmobiliarios a este instrumento financiero, la Sociedad de Gestión de Activos. Bankia, Novacaixagalicia, Catalunya Caixa y Banco de Valencia trasladarán al banco malo, en su mayoría, créditos problemáticos del sector promotor, los más dañados. El Banco de España establecerá la metodología para valorar los activos que se transfieran a esta nueva figura.
En cualquier caso, Guindos apuntó que la valoración deberá realizarse a precios razonables para no generar pérdidas a los contribuyentes: «Se comprará a precios preburbuja inmobiliaria».
Además, el banco malo contará con accionistas que el Gobierno prevé que sean inversores privados y, en menor parte, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El pago a las entidades a cambio de activos tóxicos podrá realizarse en efectivo, en acciones de la gestora o mediante deuda descontable ante el BCE.
El Ejecutivo sostiene que cuenta con el acuerdo del BCE, de la CE y del FMI para el funcionamiento y los detalles de esta peculiar financiera, cuyo desarrollo normativo se llevará a cabo en un reglamento posterior.
El nuevo decreto ley prevé tres posibilidades de gestión de crisis: en los casos de entidades con dificultades «leves» y capacidad de recuperación en «no más de dos años» habrá una «actuación temprana» con la sustitución de los consejos de administración, planes de reestructuración de la deuda y la posibilidad de intervención del FROB.
Para las entidades que necesiten recursos durante un máximo de cinco años, y prorrogables dos más, se prevé ayuda financiera en diferentes modalidades, así como el traspaso de los activos deteriorados al banco malo. La novedad que introduce el decreto es la posibilidad de acometer una resolución ordenada de entidades con problemas que no se puedan resolver en un plazo razonable.
En estos casos se procederá a la sustitución inmediata de los órganos de administración y la intervención del FROB, que elaborará planes de resolución con medidas como la transmisión de productos con problemas al banco malo y dejar los activos y pasivos sanos en un banco puente que intente venderlos para «minimizar los costes».
Además, este fondo adquirirá un papel «protagonista», que verá reforzada sus competencias y contará con más capacidad de adquirir capital, bien mediante las arcas públicas, o por la capacidad de adquirir un máximo de 120.000 millones de euros de deuda.
Por otra parte, los instrumentos híbridos de capital (participaciones preferentes y deuda soberana) se canjearán a precio de mercado más una diferencia máxima de un 10 por ciento, aunque el FROB podrá ser «más severo» si considera que la absorción de pérdidas ha sido insuficiente, según De Guindos. Así, los titulares de las mismas asumirán parte de las pérdidas de una entidad en crisis con el objetivo de reducir al máximo posible el coste de la reestructuración para el contribuyente.
Por último, el ministro de Economía también explicó que se determinará en términos de valor presente el descuento aplicado y se sustituirá por otro producto diferente como acciones, bonos o depósitos. En cualquier caso, subrayó categórico, los nuevos productos serán «más simples y mucho más transparentes», al tiempo que permitirán a los tenedores ser conscientes de forma «fehaciente» de sus instrumentos.
No se va a «dejar caer» a las regiones.- El Gobierno insistió ayer en que no va a «dejar caer» a ninguna comunidad con necesidades de financiación, pero subrayó que va a atender «paso a paso» los problemas y que el que ahora toca afrontar es el vencimiento de la deuda autonómica. Para ello, se trabaja en preparar para dentro de unas semanas el Fondo de Liquidez, dotado con 18.000 millones que, según el Ejecutivo, suman una cantidad «prudente pero suficiente». A cambio, las regiones deberán cumplir los objetivos ya comprometidos de déficit.
Así lo manifestó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, al ser preguntada por las solicitudes de rescate que están anunciado diversas regiones. En el caso de la valenciana, su Gobierno ha sumado a los 3.500 millones que precisará del Fondo otros 1.000 más, cuya procedencia ha dejado en manos del Gobierno pero que le son imprescindibles. Sobre este asunto, no aclaró si la Generalitat recibirá ese dinero adicional que pide procedente del Fondo o de otras vías.
Por el momento, el Ejecutivo aprobó durante la jornada la autorización a Loterías para que se endeude por 6.000 millones de euros, y que este dinero vaya al Fondo de Liquidez. Además, Economía negocia con los bancos la sindicación de un crédito por 8.000 millones que también servirá para financiar esta subvención autonómica. «En días o semanas se logrará», apostilló el titular de Finanzas, Luis de Guindos, que aprovechó para arengar a las CCAA: «Todos juntos somos capaces de hacer frente a las situaciones más difíciles».
Sáenz de Santamaría quiso abundar en esta idea de que el Estado apoya a las autonomías, y de que ésta «no es la primera vez». A principios de año, recordó, ya se habilitaron líneas de crédito ICO para que varias comunidades refinanciaran vencimientos de deuda.
