El número de desempleados con derecho a prestación en la provincia de Segovia ascendía a 6.160 el pasado mayo, último mes del que ha facilitado datos el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, lo que indica que el porcentaje de parados sin cobertura de desempleo se acerca al 50 por ciento; la mitad del total, que en mayo era de 11.872, aunque el mes pasado se redujo hasta los 11.384.
Esta cifra de beneficiarios de prestaciones por desempleo se ha situado en la provincia al nivel existente en el año 2011, con descensos en los sucesivos ejercicios, aunque repuntes en los meses de noviembre, diciembre y enero. En este sentido, al comenzar este año, el número de parados que percibía prestación era de 7.600.
Del total de desempleados con prestación al finalizar el mes de mayo, 1.281 eran extranjeros, destacando los naturales de algún país de la Unión Europea (881). Además, por tipo de prestaciones, 3.223 recibían en la provincia la contributiva; 2,410 el subsidio y 527 la renta activa de inserción.
Por otra parte, la prestación media era en Segovia ese mes de 773,2 euros, por debajo de la media nacional, que ascendía a 814,2 euros, y de la de Castilla y León (796 euros).
Gasto
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha publicado que el gasto total de las prestaciones por desempleo en la provincia ascendió en mayo a 5,35 millones de euros, el más bajo, por provincias de España, después de Soria y Teruel.
Organizaciones como el Movimiento Contra el Paro y la Precariedad (MCPyP) ha mostrado su preocupación por lo que considera “descenso meteórico de la tasa de cobertura al desempleo” en España. Además, ha recordado que el Congreso de los Diputados admitió a trámite la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Básica el 14 de marzo, abriéndose entonces el plazo de nueve meses para reunir más de 500.000 firmas válidas que obliguen al poder legislativo a tramitar la aprobación o no de un modelo de renta básica universal e incondicional implementado en dos fases, una primera de urgencia para que ninguna persona se quede sin cobertura económica por debajo del umbral de la pobreza (645 euros al mes), y una segunda que consistirá en la extensión del derecho a todos los ciudadanos y ciudadanas.
