En una nueva demostración de que quien manda, manda y de que el Estado de las Autonomías bien podría denominarse Estado catalán-vasco, el presidente de la Generalitat, José Montilla, salió ayer del Senado con su misión cumplida. El socialista, que llegó a la Cámara Alta precedido por semanas de amenazas de secesión si no se cumplían sus exigencias de renovar al Tribunal Constitucional para así desactivar una posible sentencia que restrinja las veleidades soberanistas del Estatut, logró, por supuesto no en la tribuna, sino en los despachos del PSOE, que el partido de Zapatero cediera a las advertencias y proclamara su disposición a sustituir a los magistrados de la alta instancia cuyo mandato expiró en diciembre de 2007.
Quizá sabedores de que los tiempos legislativos harán casi imposible que las sustituciones se lleven a cabo antes de las elecciones autonómicas de otoño y, por tanto, seguros ya de que el pronunciamiento sobre el texto autonómico será posterior a la cita con las urnas, los socialistas se descolgaron ayer con la novedosa promesa de que iniciarán «cuanto antes» la renovación de los cuatro jueces. Así lo aseguró el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, que dio a entender que el Gobierno aceptará finalmente los dos nombres propuestos por el PP para ocupar las vacantes pese a que, durante casi año y medio, se ha negado sistemáticamente en redondo con el argumento de que Enrique López y Francisco José Hernando eran dos juristas demasiado politizados y de derechas.
Ahora, como explicó la portavoz del PSOE en el Senado, Carmela Silva, el partido de Rodríguez Zapatero propondrá hoy mismo la convocatoria de la Comisión de Nombramientos, que debe evaluar a los 23 candidatos propuestos por las autonomías. Eso sí, para rebar algo el tono de la euforia, Silva auguró que será difícil que tal reunión se produzca antes de que termine el presente período de sesiones, lo cual sitúa el acontecimiento en algún momento indeterminado posterior a las vacaciones de verano, lo suficientemente lejano como para que unos y otros cambien de opinión tantas cuantas veces convengan a sus intereses partidistas.
Además, no se puede olvidar que, en caso de que el PP ejerza su derecho y pida que las dos comunidades en las que hubo elecciones el pasado año (Galicia y País Vasco) presenten nuevos candidatos, toda vez que han cambiado las mayorías en las respectivas cámaras regionales, los plazos podrían alargarse todavía más.
No obstante, para reafirmar la voluntad de que se aceptarán los dos únicos nombres propuestos por los conservadores, la responsable socialista quiso dejar claro que su formación no tiene intención de «empezar el proceso de renovación desde cero». «Si el PP no da un paso atrás en su posición, el PSOE hará lo que tenga que hacer para propiciar la renovación» del Constitucional, aseveró.
Asimismo, aseguró que si los populares «no dan marcha atrás» en su posicionamiento y acogen «la responsabilidad» que le corresponde, el Partido Socialista se «encargará» de hacer llegar al Pleno del Senado una propuesta con unos candidatos que permitiesen «sumar los tres quintos necesarios» para la renovación.
Tales noticias fueron acogidas con escéptica alegría en el principal partido de la oposición. Su secretaria general, María Dolores Cospedal, aseguró que no se opondrá al desbloqueo del proceso de renovación recalcó que si está «paralizado» es exclusivamente por culpa de Zapatero.
La conservadora expresó tambén su esperanza en que el PSOE no persiga con esta maniobra nombrar un «tribunal ad hoc» para que se produzca un fallo que mantenga intacto el articulado del Estatuto.
Para dejar meridianamente clara la postura del PP, la manchega recordó que su partido hizo en su día unas propuestas que se aprobaron en los parlamentos autonómicos y que ahora, por supuesto, van a «respetar». Es más, Cospedal aseguró que la postura que «no es tan fácil de entender es la del PSOE», «que va cambiando de posición según le va conviniendo».
Mientras tanto, ya con el nuevo triunfo político en el bolsillo, Montilla subía a la tribuna del Senado para dirigirse a un auditorio en el que no se encontraba ningún presidente regional del PP y ni siquiera representante alguno de La Rioja, Murcia, Castilla-La Mancha, Canarias y Navarra, para reclamar que se reactivara «con carácter de urgencia» la renovación del Constitucional.
El cordobés aseguró que el alto tribunal «ha fracasado» en su objetivo de dictar sentencia sobre el Estatut y aseguró que se encuentra «perdido en un laberinto» al que «sería posible que lastrase al conjunto del país».
«Está en juego que la desafección se convierta en profunda frustración y pueda dar argumentos a aquellos que quieren la ruptura», advirtió en la enésima reiteración del chantaje que condiciona la permanencia de Cataluña en el Estado a la integridad del texto autonómico que, de facto, consagra la semiindependencia de la región mediterránea.
