El Partido Popular y Vox sellaron este miércoles un acuerdo de gobierno “amplio” y “extenso” para los cuatro próximos años, que ofrece “estabilidad”. El pacto está compuesto por 19 ejes y 324 medidas que incluyen, entre otras, el concepto de “prioridad nacional” en el acceso a las ayudas sociales o sobre la vivienda.
El presidente del PPCyL y candidato a la investidura, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz de Vox, Carlos Pollán, informaron este mediodía en una comparecencia conjunta en las Cortes sobre el contenido del pacto, el segundo que suscriben ambos partidos. El objetivo, según adelantó Fernández Mañueco, es que la sesión de investidura del próximo presidente de la Junta se celebre la próxima semana en las Cortes.
Vicepresidencias y consejerías
La Junta de Castilla y León estará conformada en esta XII Legislatura por dos Vicepresidencias, la primera para Vox adscrita a una consejería y la segunda para el PP, con competencias, pero sin cartera. Además, los ‘populares’ dirigirán siete departamentos y los de Santiago Abascal los tres restantes, referidos a Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, y Cultura, Turismo y Deporte. De este modo, el Consejo de Gobierno tendrá doce miembros, de los que nueve serán del PP, frente a las tres que representarán a Vox.
En concreto, el nuevo Consejo de Gobierno estará formado por doce personas, el propio Fernández Mañueco y dos vicepresidentes, el primero que será Pollán, que además dirigirá una de las tres consejerías de Vox, y otro dirigente del Partido Popular que en la Vicepresidencia Segunda se encargará de las competencias de Vivienda, Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil.
Asimismo, el Partido Popular gestionará en el nuevo gabinete las consejerías de la Presidencia; Economía y Hacienda; Industria, Comercio, Universidades y Empleo; Medio Ambiente y Energía, Sanidad y Bienestar Social, y Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial.
En cambio Vox asume las consejerías de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental y Cultura, Turismo y Deporte.
Financiación autonómica
El acuerdo suscrito entre PP y Vox en Castilla y León parte de la premisa de conformar un gobierno que “permita a Castilla y León protegerse frente al caos del Ejecutivo de Pedro Sánchez, colapsado por la corrupción” y expresa todas las líneas de rechazo a las políticas socialistas así como las reivindicaciones en inversiones de la Comunidad.
En este sentido, PP y Vox exponen en el documento, analizado por Ical, su rechazo a cualquier acuerdo bilateral sobre la nueva financiación autonómica, que “genere ciudadanos y territorios de primera y de segunda e indican que no aceptarán que se condone a ninguna comunidad autónoma. En materia de fiscalidad, exigen que “se respete” la capacidad fiscal en Castilla y León para bajar impuestos y piden al Gobierno de España que “reduzca la presión fiscal en las zonas rurales y aplique también una fiscalidad más favorable en los tributos nacionales, con regímenes especiales en el IRPF para los contribuyentes” de los pueblos.
Infraestructuras viales y ferroviarias
En materia de infraestructuras viarias, PP y Vox exigen la conclusión de las autovías A-11, A-12, A-15, A-40, A-60, A-73, A-76 y la conversión de la N-234 y la N-610. Asimismo, reclaman actuaciones en la Ronda Sur de Ponferrada; circunvalación de León; Tercer carril de la A-62 entre Venta de Baños y Tordesillas; Tercer carril de la AP-1; Enlace de la A-62 y la A-66 en la glorieta de Buenos Aires en Salamanca; Acceso norte de la capital charra; y un nuevo acceso a Palencia desde la A-67. Piden también la variante Internacional de Rihonor de Castilla y la conexión de Castilla y León con Asturias por 1aAP-66. PP y Vox demandan en su pacto también la bonificación de peajes vigente en la AP-71, AP-6, AP-51, y AP-61.
En cuanto al ferrocarril, las principales reivindicaciones de estas fuerzas pasan por el desarrollo del Corredor Atlántico, reapertura de la Ruta de la Plata y de la línea Madrid-Aranda de Duero-Burgos, el paso del nudo del Manzanal (León), y la inclusión del nodo logístico de Burgos y de Salamanca en la Red Básica. Apuntan asimismo al impulso de las líneas de alta velocidad, Burgos-Vitoria y Palencia-Santander, reapertura de la línea Soria-Castejón cuanto antes, y poyo a los soterramientos del ferrocarril en Valladolid, Palencia y León, entre otros.
PP-Vox reclamarán al Gobierno el compromiso de no supresión de servicios y paradas en relaciones ferroviarias y estudiar demandas de nuevas paradas, así como recuperar los trayectos anteriores a la COVID-19 suprimidos.
Apoyo al ramal ferroviario de Prado del Hoyo
El pacto de gobierno también pide el desarrollo de la Plataforma logística intermodal Torneros- Grulleros; en Ponferrada, el ramal ferroviario del área de Prado del Hoyo en Segovia y la implicación en puertos secos como el de Salamanca.
Por último, destaca el mantenimiento del corredor ferroviario de cercanías Palencia-Valladolid-Medina del Campo como definitivo y la ampliación Arévalo-Ávila; así como renovar los trenes y bonificar los trayectos de vía estrecha.
En cuanto al transporte público de viajeros por carretera, reivindican la no supresión de paradas y la recuperación de frecuencias anteriores a la COVID-19; un mapa concesional nacional coordinado con el autonómico, y una revisión de las bonificaciones.
Actuaciones energéticas e hidráulicas
La nueva Junta de Castilla y León también defenderá frente al Gobierno central la necesidad de refuerzo de las redes de transporte y distribución eléctricas, que se encuentran “muy saturadas, tanto para generación como para demanda”. Además, solicitan que se facilite la inversión en redes a las empresas distribuidoras, así como el desarrollo del autoconsumo industrial con una nueva normativa.
En infraestructuras hidráulicas defienden un incremento de la capacidad de regulación en la Cuenca del Duero, que permita el desarrollo de nuevos regadíos, ganadería, industria agroalimentaria y otras actividades económicas. Demandan también que se agilice la tramitación ambiental pendiente de convenios que están suscritos para modernizar comunidades de regantes, y la asignación de fondos para 50.000 hectáreas pendientes.
PP-Vox apuntan también al Gobierno en materia de telecomunicaciones y reivindican que el cien por ciento de las personas de Castilla y León dispongan de cobertura de banda ancha móvil de 100 Mbps.
Vivienda e inmigración
Para finalizar, cabe destacar que el pacto PP-Vox suscrito en la sede del Parlamento regional muestra su oposición frontal a la nueva ley de derecho a la vivienda del Gobierno. Además, exige una reforma del padrón municipal para “combatir el fraude y la ocupación ilegal” y la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, con el objetivo de “impedir el uso fraudulento” de este registro. En particular explican, se promoverá que la inscripción en el padrón de personas que carezcan de título habilitante de ocupación de la vivienda -o documentación equivalente- sea considerada “nula de pleno derecho, sin que pueda constituir prueba de residencia ni generar acceso a derechos o prestaciones”. Asimismo, se impulsará una proposición de ley en las Cortes Generales.
Asimismo, Castilla y León, sentencia el pacto, “no participará en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Castilla y León” de inmigrantes.
Prioridad nacional
Mañueco y Pollán definieron la prioridad nacional como “asignación prioritaria de recursos a quienes tienen arraigo real, verificable y efectivo» con esta Comunidad. Así lo defendió Fernández Mañueco, en declaraciones recogidas por Ical, durante la comparecencia ante los medios que ambos mandatarios celebraron hoy en las Cortes para dar cuenta del acuerdo alcanzado, y que en este apartado recoge “el mismo texto que en Extremadura y Aragón”.
Mañueco aseguró así que lo que pretende el nuevo gobierno autonómico es realizar “una asignación prioritaria de recursos públicos a quienes tienen un arraigo real, verificable y efectivo con nuestra tierra, con Castilla y León, siempre dentro del marco del ordenamiento jurídico y legal”.
Una idea con la que coincidió el líder de Vox en la Comunidad, Carlos Pollán, al señalar que “la prioridad nacional consiste en dar prioridad a las personas que tienen arraigo en Castilla y León, a las que necesitan que se les tenga en cuenta a la hora de recibir estas ayudas sociales y a la vivienda”.
Mañueco, eso sí, aseguró que el concepto de prioridad nacional es un “criterio inspirador” pero que, después, “habrá que ir subvención a subvención, medida a medida”, para que esa prioridad se vaya “detallando y concretando”.
Plan de choque
En cuanto al motivo que llevó a la ruptura del anterior gobierno de coalición, relativo a la acogida de menores migrantes no acompañados en la Comunidad, ambos mandatarios señalaron que coinciden en su “rechazo a la política migratoria que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez”.
Para hacerle frente, se pretende poner en marcha un “plan de choque” contra esta política, máxime cuando Castilla y León, como precisó Mañueco, está por encima de su capacidad para acoger menores migrantes no acompañados, al contar con 130 plazas pero 186 menores en la actualidad.
En todo caso, el futuro presidente de la Junta aseveró que el acuerdo sellado entre PP y Vox está hecho “para mirar al futuro, no al pasado”, y que ambas formaciones se han puesto de acuerdo “entendiendo el mensaje que nos han trasladado en las urnas las personas de Castilla y León”.
