La Junta de Castilla y León ha propuesto que el nuevo Plan Hidrológico del Duero, previsto para los años 2028-2033, contemple el desarrollo de nuevos regadíos hasta las 43.000 nuevas hectáreas, para acercarse a las 600.000 hectáreas y subir el porcentaje de superficie cultivable de este tipo, que ahora mismo es del 15 por ciento y se encuentra por debajo de la media nacional (22,3 por ciento).
Para paliar ese “déficit estructural”, la Junta propone ampliar la superficie de regadío en 1.500 hectáreas en los sectores Cea-Carrión, 24.000 en la Armuña, 3.100 en Valduerna, 1.200 en Aradilla, 315 en Alaraz, 6.000 en Lastras de Cuéllar, 400 en Tajahuerte, 600 en Valdavia y 6.463 en la zona regable de la margen izquierda del río Tera.
Todo ello aparece en el documento de alegaciones presentado por la Junta al Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI), documento previo a la aprobación del próximo Plan Hidrológico del Duero, y ante el que la Junta defiende la agricultura de regadío como uno de los motores de futuro del medio rural de Castilla y León por su capacidad para generar actividad económica y contribuir a fijar población.
El texto del Gobierno autonómico reivindica la gestión del agua como un recurso estructural que contribuye a generar empleo, inversión, permite la incorporación de jóvenes al sector agrario, mejora la productividad e impulsa la industria agroalimentaria. La próxima planificación hidrológica 2028-2033 es “una oportunidad decisiva”, en palabras de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, por lo que deben evitarse “enfoques meramente restrictivos”.
“La sostenibilidad de la cuenca no puede descansar sólo en reducir consumos y restringir los usos agrarios existentes, sino que debe apoyarse en la modernización del regadío, en una gestión eficiente del agua, en un incremento de la regulación, en nuevas infraestructuras y en ofrecer seguridad jurídica a los regantes, todo ello desde una triple sostenibilidad: económica, social y medioambiental”, subrayó.
El documento de alegaciones se opone a las restricciones generalizadas a concesiones, renovaciones o modificaciones de características en los aprovechamientos de aguas subterráneas. En su lugar, se pide una evaluación individualizada, basada en criterios técnicos, y que no se apliquen reducciones automáticas del 10 al 25 por ciento cuando se realiza un cambio de la concesión.
Igualmente, se llama la atención sobre el enfoque restrictivo del EPTI que plantea denegar la renovación de concesiones y que, según el propio documento, implicaría el paso a secano de 32.000 hectáreas y un coste para el sector de 17,8 millones de euros al año, con el posible abandono de más de 3.000 explotaciones.
Por el contrario, la Junta propone la sustitución progresiva de recursos subterráneos por superficiales y la constitución de una Mesa de Trabajo entre las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para consensuar y planificar el funcionamiento de estos regadíos.
Seguridad jurídica
También se reclama seguridad para los regadíos modernizados. Los ahorros derivados de estas actuaciones no deben traducirse automáticamente en recortes de derechos de agua, sino que deben entenderse como una herramienta de eficiencia, plantean desde la Consejería.
En relación con la contaminación difusa, se pide que las medidas se apliquen únicamente sobre las masas de agua con afección acreditada y que se prioricen herramientas de gestión agronómica como SATIVUM, desarrollada por el ITACyL y cuyo módulo de dosificación de fertilizantes es de referencia nacional.
Finalmente, se reclama una gobernanza eficaz con compromisos presupuestarios verificables, calendarios obligados de ejecución, seguimiento y rendición de cuentas, agilización y coordinación administrativa. También se pide que los nuevos usos industriales o energéticos vinculados a renovables no perjudiquen la garantía de los usos agrarios existentes.
