La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, considera que el endurecimiento del registro de jornada es “un clarísimo ejemplo de política pública encaminada a destruir microempresas, a que la prosperidad no llegue a todos y, sobre todo, a destruir muchas microempresas de aquellas zonas de España que tenemos que proteger más”, en alusión a los territorios rurales.
“Hay una cuestión que a la ministra a lo mejor se le olvida, y es que no en toda España tenemos cobertura. ¿Qué va a pasar en las zonas donde no hay cobertura? ¿Se les va a sancionar porque de repente pierdas la conexión con la Inspección de Trabajo?”, preguntó retóricamente De Miguel a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Díaz, precisamente, avanzó esta semana que “estamos a nada” de que el nuevo registro horario sea una realidad en España, con lo que tendrá que ser digital, no manipulable e interoperable por parte de la Inspección.
La medida la quiere aprobar vía real decreto, al considerar que no requiere de votación parlamentaria, postura de la que discrepan CEOE y Cepyme. Esto formaba parte de la ley de reducción de jornada que tumbaron en septiembre de 2025 Junts, PP y Vox.
Lucha contra el fraude
La vicepresidenta segunda ve fundamental reforzar la lucha contra el “fraude” que supone que cada semana se realicen en España más de 2,5 millones de horas extraordinarias no remuneradas.
Pero la presidenta de Cepyme avisó de que hay muchas empresas que “no están digitalizadas” y que tendrán que hacer una inversión que puede que sean sus beneficios, en el caso de pequeños negocios de zonas rurales.
Asimismo, pidió tener en cuenta que la microempresa no tiene técnicos dentro de la compañía, salvo que se dedique al sector tecnológico.
“Muchas veces, cuando están pensando en este tipo de cosas, no están pensando en un panadero de un pueblo de Toledo, porque ni está digitalizado ni tiene un informático, y en muchos casos ni siquiera le va a llegar la cobertura”, previno De Miguel.
