La Fiscalía Provincial solicita cinco años y nueve meses de prisión para un exjefe de la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León en Segovia por la presunta comisión de un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos, un delito contra la propiedad intelectual y otro relativo al mercado y a los consumidores.
El acusado será juzgado en la Audiencia Provincial los días 12, 13 y 14 de mayo, en una causa que procede de diligencias instruidas por el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital.
Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, entre octubre de 2015 y septiembre de 2020, el procesado habría utilizado medios oficiales, teléfono móvil, ordenadores y correo corporativo, así como recursos desde su domicilio, para activar de forma fraudulenta al menos 55 altas en el servicio Movistar+ Dispositivos.
La acusación sostiene que el entonces responsable público facilitó a terceros no identificados el acceso ilícito a contenidos audiovisuales y deportivos de la plataforma, evitando el pago de suscripciones, mediante el uso de datos personales de clientes de Movistar o Fusión a los que tenía acceso por razón de su cargo. En algunos casos, añade, él mismo habría utilizado esas cuentas.
El sistema empleado consistía en registrar accesos a nombre de clientes reales sin su conocimiento ni autorización, creando direcciones de correo electrónico y fijando teléfonos de recuperación de contraseñas bajo su control.
Los hechos habrían causado un perjuicio económico a Telefónica estimado entre un mínimo de 14.850 euros y un máximo de 80.916 euros, en función del número de accesos y del coste de las suscripciones, que oscilan entre 45 y 122,60 euros mensuales.
La Fiscalía califica los hechos como un delito relativo al mercado y a los consumidores en concurso con un delito contra la propiedad intelectual, así como un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos. Considera al acusado autor de los mismos y no aprecia circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Por ello, además de las penas de prisión, solicita multas económicas, inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de condena y una inhabilitación absoluta por diez años.
