El polémico proceso extraordinario de regularización de migrantes aprobado por el Gobierno tiene un claro perjudicado. Y no se trata del ejército de funcionarios de toda España -en especial de Madrid y Barcelona- que se han visto sobrepasados en los últimos días por la avalancha de solicitantes, que también son víctimas colaterales. Es el pueblo saharaui, que se siente discriminado por una decisión que les ha excluido de estos laboriosos trámites encaminados a una vida digna en nuestro país. Su condición de apátridas, que no irregulares en teoría, les conmina de nuevo a un limbo en el que ya permanecían.

El Gobierno de Pedro Sánchez se escuda en un informe del Consejo de Estado que aconseja dejar al margen del proceso a aquellos que no tienen reconocida la condición de nacional de ningún país, no tienen patria a ojos de España, como les sucede a los saharauis, o bien están inmersos en el largo trance de la apatridia, ese reconocimiento de apátridas que sí implica una vez obtenido cierta protección jurídica, como el derecho a residir, a trabajar, etc. Mientras no lo tengan, sus limitaciones son absolutas.

Da la casualidad de que el 95% de los inmigrantes que solicitan ser considerados apátridas en España son saharauis, por lo que esta medida de exclusión ha sentado como un jarro de agua fría a un pueblo que ya fue golpeado por el giro radical del Gobierno central sobre su postura respecto al Sáhara Occidental, acercándose más a los postulados de Marruecos que a lo mantenido hasta hace unos cuatro años. Por eso los representantes saharauis ven una clara intención de no molestar al vecino marroquí en detrimento del bienestar de aquellos que suelen llegar a España desde los campamentos de Tinduf, su obligado refugio de Argelia.

La pelea de la abogada

Una de las personas que más de cerca conoce la situación por la que atraviesan estas personas es la abogada Fatma Elgalia, secretaria de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis de España (APRASE), que ha tratado casos por toda nuestra geografía, también en Segovia. “Estamos muy molestos e indignados, aunque ya estamos acostumbrados a este tipo de trato hacia la población saharaui. La discriminación es evidente y yo diría que hasta descarada. Siempre hubo un trato complicado respecto a las solicitudes de apátridas, por ejemplo para hijos de saharauis nacidos en España, regularizar a esos hijos y que tengan una identidad, o las viudas de exmilitares saharauis que formaron parte del Ejército español y han tenido enormes dificultades para cobrar sus pensiones, o el tema de visados, las solicitudes de asilo político, etc. Pero es que esta regularización abarca a todos los extranjeros y acogerá a muchísimas personas, salvo los ucranianos, que pueden obtener una residencia casi automática, pero deja fuera a un colectivo que ya tiene muchos problemas en sus derechos básicos, por lo que el mensaje es claro”, argumenta.

Para la letrada, los saharauis que ya están inmersos en el proceso de apatridia seguirán en un limbo en el que ya se encontraban, pues esta solicitud se alarga en exceso en el tiempo pudiendo alcanzar cuatro años cuando está regulado que deberían ser meses. Y mientras, pese a una apariencia de regularidad administrativa, no tienen acceso a un empleo, ni tarjeta sanitaria, ni viajar, etc. “Un proceso eterno el que soportan y ahora que tenían una buena oportunidad se les excluye expresamente no por un motivo real, sino por una decisión política. Porque no es cierto que se haga para personas en situación irregular, no es así pese a que se ha intentado vender así. La regularización se ha dirigido a solicitantes de asilo, que tiene un procedimiento con garantías al igual que la apatridia. Tanto a los que lo han pedido y están en trámite o bien en vía de recurso porque ha sido denegado, estando la personas en situación regular en ambos casos, igual que el solicitante del estatuto de apátrida. Por lo tanto, eso que dicen de que se dirige a situaciones irregulares no es cierto”.

Fatma recuerda que detrás de todos los casos que le llegan hay seres humanos con necesidades básicas a las que no pueden acceder si no se tiene la documentación pertinente, unos papeles de los que solo se acuerdan quienes no los tienen. “Muchas veces quienes tenemos una vida normal, nuestros papeles y derechos a nuestro alcance, no vemos la importancia que tiene todo esto de los papeles. Nosotros tenemos casos de gente que lleva tres años viviendo de familiares, amigos, de la caridad que no siempre se le puede dar. Están en una situación desesperada. Hay mujeres, enfermos o menores no acompañados entre los solicitantes de apátrida. Hay una vida detrás que acarrea infinidad de problemas por un documento que se eterniza y que es la solución de todo, para que puedan estudiar, trabajar, viajar, sanidad pública…”, analiza la abogada, quien menciona que muchos jóvenes han tenido la oportunidad de salir de los campamentos de refugiados y su familia depende de ellos, pero pasan tres o cuatro años sin poder trabajar.

Un maltrato hacia el pueblo saharaui que supone un golpe más tras el referido cambio de postura del Gobierno español hacia el Sáhara Occidental, a juicio de Fatma, “contrario al derecho internacional y la ONU. Se ha posicionado a favor del ocupante. Sin embargo, en Palestina hacen lo contrario, también ahora se ponen a favor de Irán, pero, ¿qué pasa con el pueblo saharaui? Parece que hay una intencionalidad clara de impedirle que haga cualquier cosa y puedan salir de los campamentos y vengan a España pese a los lazos estrechos que hay, que hablan español, etc”, se cuestiona añadiendo también que no hablamos de un número elevado de personas sino de un porcentaje muy bajo de ese millón que podría estar detrás de la regularización extraordinaria. Por señalar un dato, son unas 3.000 las solicitudes de apátrida en nuestro país, la inmensa mayoría (95-96%) de saharauis según cifra el Ministerio del Interior. “Es una persecución política y está claro que hay indicaciones desde Marruecos para que todo lo que quieran hacer los saharauis hay que complicarlo y que no tengan derechos allá donde vayan”, subraya.

Queja del Frente Polisario

Más dura aún es la crítica que hacia el Gobierno español lanza Abdalahe Hamad Jlil, responsable de la Delegación Saharaui en Castilla y León y del Frente Polisario, para quien la exclusión de su pueblo del proceso regulatorio es la enésima bofetada encajada en los últimos años. “Ya no hay sitio para poner los enfados con este Gobierno. Nos hemos enfadado tanto desde las 17 comunidades que estamos desbordados. Es un jarro de agua fría, alinearte con la ocupación de Marruecos y paralizar las nacionalidades que les corresponden a los saharauis como españoles de origen. Demasiadas cosas ya. No tenemos ni palabras porque el Sáhara fue la provincia número 53 de España y no tiene nombre lo que están haciendo, denegando todos los derechos y la legalización de quienes han venido a España, como sí se hace con otras nacionalidades”.

Al igual que la abogada Fatma Elgalia, Abdalahe ve una cristalina incongruencia con el discurso del Gobierno respecto a Palestina, Ucrania o Irán en comparación a la cuestión del Sáhara porque “nadie entiende que se le dé la espalda a un pueblo que fueron españoles alineándose con un sátrapa de Marruecos que ocupa militarmente y amedrenta a nuestro pueblo desde hace 50 años. No hay palabras que lo justifique. Estamos muy frustrados y apenados, vale cualquier calificativo que se te ocurra de la Real Academia de la Lengua Española con la actitud de este Gobierno que lo que hace es machacarnos y apoyar a un verdugo que no respeta los derechos humanos en vez a la víctima”.

Se queja el delegado regional de la tardanza en la burocracia sobre los apátridas para que se les reconozca como tales, una burocracia que no responde a los problemas habituales que conlleva dicha palabra sino que proviene, sospecha, de una intencionalidad. “Si es que lo hacen adrede. Son expedientes que deberían tardar tres meses y tardan varios años la mayoría de los casos. Incumplen la ley, pero incumplir la ley para el Gobierno de Sánchez respecto a los saharauis es como un disco rayado. Lo han incumplido todo, hasta han parado tres años las nacionalizaciones aprobadas por el Supremo y que ahora están en manos del Parlamento y la Comisión de Justicia. Es una cadena de cosas negativas y esto es una más de una infinidad de cosas que ha hecho este hombre contra el pueblo saharaui”, sostiene y añade que es pronto pero habrá protestas a nivel nacional.

Polémico proceso

Un polémico proceso de regularización que tiene sus benefactores y detractores, entre estos últimos comunidades como Madrid, que dio un paso más ante la avalancha burocrática recibida y cuya Abogacía General presentó un recurso ante el Tribunal Supremo que al Alto Tribunal ha admitido a trámite. En el escrito de los abogados del Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso se solicita además como medida cautelar la suspensión del real decreto que establece la regularización extraordinaria, justificando dicha petición en que “afecta gravemente a la prestación de servicios públicos madrileños”. La Administración General del Estado tenía cinco días para presentar alegaciones.

En Segovia, este proceso sirvió de motivo para el cruce de acusaciones entre el equipo de Gobierno municipal del PP y la oposición, especialmente del PSOE, que le acusó de falta de planificación al no haber puesto los medios suficientes para que estos ciudadanos pudieran ser atendidos correctamente, ya que muchos de los trámites que deben preparar son locales, como el empadronamiento o el certificado de vulnerabilidad. El PP segoviano contestó que el verdadero responsable es el Gobierno de Sánchez, causante del aumento de la demanda por la ausencia de protocolos, planificación o la dotación de medios para hacer frente a un previsible colapso de los Servicios Sociales.

Es difícil saber el número de saharauis que viven en Segovia, dada su delicada situación administrativa, además de que algunos están ya nacionalizados como españoles y así son reflejados en las estadísticas. Por lo que comentan desde la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Segovia (MAKSRA), que se centra en la ayuda a los refugiados y los viajes de los niños a España, apenas son un minúsculo grupo. De hecho, en España solo se puede hablar de una estimación de entre 3.000 y 12.000, concentrados en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Canarias.

“Esta regularización era nuestra esperanza, estamos decepcionados”

Un grupo de saharauis, alguno ya con la nacionalidad, otros en trámites de ser reconocidos como apátridas, manifiestan su malestar con el Gobierno español por excluirles del proceso

Gracias a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Segovia (MAKSRA) este periódico ha podido obtener los testimonios de un grupo de saharauis y todos ellos tienen un denominador común: la indignación. Como la de Sidahmed, que llegó a España (Jaén) en 2016, regularizado cuando se abrió una vía para aquellos saharauis hijos o nietos de español. “Es contradictorio y paradógico, porque se supone que nos daban la residencia por circunstancias extraordinarias pero no se profundiza en ellas. En mi caso fue por ser de padre, madre y abuelos españoles, presentando el libro de familia y los carnets de padres y abuelos. En 45 días me dieron una residencia inicial, pero solicité la nacionalidad española por origen y se me negó, por eso es contradictorio”, recuerda.

Después intentó que sus hijos la adquirieran ‘por opción’ en el consulado español en Orán (Argelia), que tardó tres largos años y le excluyeron el certificado de matrimonio a su mujer para que pudiera viajar con sus hijos. Isabel, de MAKSRA, apunta que esto es muy habitual, separando familias entre los que se quedan en los campamentos de refugiados y los que sí viajan en busca de un futuro, como él desde hace unos meses que trabaja en Baleares. “Solo queríamos ser una familia normal. Son cosas inexplicables que no son casualidad porque siempre ocurren con mi pueblo. Luego conseguí la nacionalidad, pero no fue por origen sino por residencia. Tuve que pasar un examen de lengua y social del que sí eximen a los de Guinea Ecuatorial o países latinos, pero a nosotros no, incluso aunque tengas una licenciatura en un país hispano como tenía yo”, prosigue Sidahmed, licenciado en Arquitectura en Cuba aunque no le convalidan aquí su título.

Horria fue ayudada por la asociación segoviana MAKSRA acogiendo a su hermana mediante el programa Vacaciones en Paz, si bien ahora está sola en un campamento con su hija enferma mientras el resto de la familia está en España. “Me parece muy mal la exclusión porque los saharauis en España son gente educada, que nunca se mete en problemas y merecen la nacionalidad además de que estuvieron 90 años bajo la bandera española. Hay muchas relaciones históricas y de convivencia con los antepasados de los españoles, por lo que lo merecen. Es un derecho”, subraya.

Larabas Mohamed lleva diez meses esperando respuesta a su solicitud de reconocimiento de apátrida, aunque dice conocer compañeros cuya espera supera los dos años. “En todo ese tiempo estamos fuera de todo. Tienes un resguardo o justificante de la solicitud que muestras a la Policía para moverte entre provincias, pero no puedes trabajar, ni hacer un seguro médico. Esta regularización era nuestra esperanza y estamos indignados y decepcionados por la respuesta del Gobierno. Yo nací en el 70 bajo bandera española en aquel entonces, hasta que España abandona el Sáhara y tenemos que ir a los campamentos de refugiados, en condiciones infrahumanas a realizar nuestros sueños empezando de la nada. Y 50 años después se apoya a Marruecos y aparece de nuevo el Gobierno para excluirnos. Es una pena”, lamenta este licenciado en Hematología e Inmunología en Cuba que trabajó en hospitales.

“Nos sentimos con una decepción tremenda. Desde que se anunció el decreto preparábamos la documentación porque era la solución, pero una vez más el Gobierno elige el bienestar de Marruecos olvidando al pueblo saharaui. Error tras error, olvido tras olvido. No es justo. La excusa de que somos regulares no es cierta porque no podemos trabajar, esperando años unos papeles cuando salimos de los campamentos para ayudar a la familia que dejamos allí y no podemos ayudarla”, resume Nana Burhah Nan.