En un viaje reciente por un lugar turístico me llamó la atención el gran número de carteles en comercios reclamando personal. En cada bar, tienda u hotel encontramos el mismo escenario: español hablado con mayor o menor dificultad y con una variedad de acentos que habría entusiasmado a cualquier lingüista, eso sí, acompañado siempre de una amabilidad sincera y atenta, digna del mejor profesional.
Comentando con un amigo aquel gran número de vacantes, se apresuró a replicar con uno de los tópicos más extendidos: «es que pagan muy poco», como si el comerciante, hostelero o industrial prefiriera mantener un puesto vacío -y perder ingresos- antes que contratar a un profesional cualificado pagándole el sueldo que marca el convenio. La realidad es simple: más de un tercio de las vacantes en hostelería y servicios llevan meses sin cubrirse, las vacantes totales superan ya las 150.000 según el SEPE, y más de la mitad de las empresas de la construcción declaran dificultades extremas para encontrar capataces, gruistas o instaladores.
En torno a este asunto se mezclan empleo, sueldos, inmigración, explotación laboral, trata de mujeres y hasta esclavitud en una amalgama de prejuicios que embarran los debates e impiden ver la realidad. No resolvemos nada con proclamas llamando a la «prioridad nacional» de un lado, mientras del otro se vocifera tachando de racista o xenófobo a cualquiera que simplemente pida un poco de orden.
Los que agitan el miedo al extranjero saben perfectamente que buena parte de los empleos que nadie quiere ocupar ya están en manos de inmigrantes, muchos con arraigo y papeles, otros esperando poder regularizarse para aspirar a esas vacantes que el nacional de pedigrí no quiere ni ver. Y los que reparten carnés de compasión simplemente miran para otro lado cuando, paseando por una calle repleta de manteros, entran en un bar del barrio y les atiende alguien nacido al otro lado del Atlántico.
Fuera de la política, instituciones como la Iglesia Católica abogan por una postura de acogida, protección, promoción e integración ordenada de los inmigrantes que tenga en consideración la dignidad humana y la justicia social. Emigrar para buscar una vida digna es un derecho, y las naciones deben regular la inmigración para salvaguardar el bien común, buscando un equilibrio entre la apertura y la capacidad de acogida. Si leemos esto sin la carga ideológica del partido al que votamos el domingo, es difícil estar en desacuerdo.
No comprendo de qué modo se puede atacar una acción de gobierno que trate de resolver al mismo tiempo los problemas de quienes quieren una vida digna para sí y sus familias junto con los de quienes necesitan trabajadores para sacar adelante sus empresas. Todo transparente, normalizado y conforme a la legislación, de modo que contribuyan en pie de igualdad con los descendientes legítimos de Don Pelayo al sostenimiento del Estado de derecho, de la sanidad, la educación y todo aquello que nos ha convertido, pese a la decadente tropa que hemos sentado en el gobierno, en uno de los países más prósperos del planeta.
Sin embargo, algo me dice que no estamos en ese plano de la realidad. Al escuchar a unos y a otros no veo más que ambiciones a la caza de excusas para conseguir sus fines particulares. Ni la regularización masiva resuelve todo ni el cierre de fronteras garantiza nuestro futuro. Este sí es un tema de Estado en el que sería mucho más que conveniente hablar sin prejuicios, analizar el problema con rigor y pactar soluciones a largo plazo. Pero para eso harían falta estadistas, y de momento tenemos demasiados políticos.
Toca mirar a los ojos al que reparte nuestro último pedido o a quien limpia la habitación del hotel, ignorar el ruido y pensar con serenidad qué propone cada cual. No es cuestión de bandos ni de consignas, sino de responsabilidad. Elegir a quienes puedan ofrecer soluciones y no eslóganes. Gente capaz de trabajar con la realidad y no con sus fantasmas. En eso, más que en cualquier proclama, se juega la España que dejaremos a los que vienen detrás.
