Hay una forma particularmente cobarde de arruinar un país que consiste en dejarlo pudrirse por abandono, mientras se gobierna a golpe de consigna. No hace falta imponer nada ni prohibir nada. Basta con no mantener, no reparar, no invertir. Hoy, la política real del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de infraestructuras no es otra que una política de dejación sistemática envuelta en retórica progresista, autocomplaciente y demagógica.
España no se está transformando; se está desgastando. Y se desgasta bajo la responsabilidad directa de un Ejecutivo que ha hecho del anuncio una forma de gobierno y de la propaganda un sustituto de la obra. Carreteras que se descomponen, cercanías convertidas en una lotería diaria, líneas ferroviarias incapaces de sostener la movilidad básica, el apagón español, redes hidráulicas envejecidas que pierden millones de metros cúbicos —mientras se predica ecologismo—, y estrategias logísticas que se repliegan frente a nuestros competidores europeos.
Conviene decir sin rodeos que el Ministerio de Transportes ha fallado en su función esencial, y Hacienda ha avalado ese fallo mediante una ejecución presupuestaria crónicamente insuficiente en inversión real. Presupuestos sin la aprobación del Parlamento, incapaces de traducirse en obras terminadas y mantenimiento efectivo. La política de las presentaciones públicas sustituye al hormigón, y el resultado es un país que funciona peor cada año.
Un gobierno que no mantiene infraestructuras no gobierna, simplemente ocupa el poder. Mantener no es una herencia incómoda ni una cuestión técnica secundaria; mantener es el corazón mismo del Estado moderno. Cada avería en cercanías, cada tramo degradado, cada obra eternizada tiene responsables políticos con nombres y apellidos. No es mala suerte. No es sabotaje. Es abandono.
La retórica oficial habla de inversión histórica, pero la realidad es otra; son las tasas de ejecución que no alcanzan lo presupuestado, los proyectos anunciados, vueltos a anunciar y nunca realizados, y una brecha creciente entre lo que se promete y lo que se pisa. España invierte menos en mantenimiento que la media europea, y lo hace peor. El resultado es visible para cualquiera que use el transporte público. Los datos desmienten el relato. Mucha declaración pomposa, pero poca vía férrea fiable. Mucha transición proclamada, pero poca red que la soporte. Es un país que no avanza, es un país que parchea.
No estamos ante un error de cálculo, sino ante una elección consciente. Las infraestructuras no dan votos inmediatos. No polarizan. No sirven para el enfrentamiento cultural ni para el victimismo permanente. Exigen continuidad, silencio y responsabilidad intergeneracional; exactamente lo contrario del actual estilo de poder.
Por eso prefieren inflar el gasto corriente, multiplicar estructuras políticas y alimentar redes clientelares antes que invertir en lo que no luce en campaña. Y es que el mantenimiento no entra en sus cálculos. Pero hay que tener en cuenta que este abandono no es neutro. Castiga a la España real, a los trabajadores que dependen del tren para llegar a su empleo, a los autónomos que recorren carreteras secundarias abandonadas, a las empresas que pierden competitividad por una logística deficiente, y a los territorios que se vacían porque el Estado ha decidido no sostenerlos materialmente.
Hablar de justicia social mientras se deja colapsar el transporte público es una obscenidad política. Predicar igualdad de oportunidades mientras media España queda mal conectada es una impostura moral.
La historia es clara y muestra que las civilizaciones caen antes por abandono que por invasiones. Roma no perdió el imperio cuando dejó de conquistar, sino cuando dejó de mantener calzadas, acueductos y puentes. Ortega dijo con crudeza que un Estado es, antes que nada, organización eficaz de la vida común. Cuando esa organización falla, el proyecto nacional se disuelve.
Gobernar es dar ejemplo. Y no hay peor ejemplo ni más elocuente de desinterés por el bien común, que permitir que lo común se deteriore y provoque accidentes tan graves como el de Adamuz. Ya no valen excusas. Gobernar es priorizar. Y este Gobierno ha priorizado su supervivencia política, su relato y su ocupación del poder sobre la solidez material del país.
No invertir en infraestructuras no es ahorrar, es empobrecer. No es prudencia fiscal, sino irresponsabilidad histórica. No es progresismo, es dejación. Alguien tendrá que explicar por qué se gobernó como si el país fuera prescindible.
La respuesta será incómoda, pero simple. Porque se eligió no invertir. Porque se eligió no mantener. Porque se eligió no gobernar.
¡Pobre del que venga detrás!
