El asfaltado ejecutado en las calles San Agustín y San Facundo y en la plaza del Doctor Laguna ha abierto un frente político, técnico y patrimonial que ha puesto el foco en la forma de gestionar las actuaciones urgentes en el conjunto histórico. La decisión del Gobierno municipal del Partido Popular de cubrir con aglomerado asfáltico el adoquinado tradicional ha desencadenado una cascada de críticas desde la oposición y desde diversos colectivos, que han cuestionado tanto la necesidad inmediata de la actuación como, sobre todo, el modo en que esta se ha llevado a cabo.
El debate se ha centrado más en la forma que en el fondo de la cuestión. La urgencia alegada por el Ayuntamiento para intervenir en una vía deteriorada frente al impacto patrimonial y los procedimientos seguidos para ejecutar la obra han concentrado las principales discrepancias, con distintas interpretaciones sobre si la situación justificaba una actuación de emergencia y si el asfaltado era la única solución posible.

“Un atentado contra el patrimonio”

Desde el PSOE la valoración fue especialmente contundente. La portavoz socialista, Clara Martín, calificó la intervención como un “auténtico atentado contra el patrimonio histórico” y puso el acento en un posible incumplimiento de la normativa municipal de protección. En concreto, Martín sostuvo que se había vulnerado el artículo 153 del Plan Especial de Áreas Históricas que establece que cualquier modificación del pavimento en el conjunto histórico debe contar con autorización expresa de la Comisión de Seguimiento y Aplicación del plan.
La ex-alcaldesa de la ciudad aseguró que dicha autorización no se había producido, ya que, según su versión, el equipo de Gobierno se limitó a informar a los órganos competentes, la propia comisión, el Servicio Territorial de Cultura y la Concejalía de Patrimonio, sin recabar el aval necesario. A su juicio, este matiz no fue menor, ya que distinguió entre una comunicación administrativa y una autorización formal en un ámbito especialmente sensible desde el punto de vista patrimonial.
Uno de los aspectos más controvertidos fue precisamente la tramitación de la obra mediante un contrato de emergencia. Martín cuestionó que concurrieran los supuestos que permitirían recurrir a esta figura, definida en la Ley de Contratos del Sector Público para situaciones derivadas de acontecimientos catastróficos, grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional. En su opinión, el caso de San Agustín no encajó en ese marco, lo que situó la actuación en un terreno “dudoso” desde el punto de vista jurídico.

“Una alteración drástica del adoquinado”

Izquierda Unida compartió el rechazo a la intervención, aunque puso el foco en la falta de análisis previo. La formación lamentó que no se hubiera realizado un estudio minucioso antes de actuar sobre un pavimento que consideró un elemento esencial de la identidad del conjunto histórico. A su juicio, la actuación alteró de forma “drástica” el adoquinado tradicional sin que se acreditara suficientemente la urgencia.
En esa línea, IU sostuvo que el deterioro de la calle no respondió a un episodio repentino ni a un fenómeno excepcional, sino a un proceso progresivo y continuado, lo que cuestiona el recurso al contrato de emergencia. Además, apuntó que la intervención no pasó por la Junta de Gobierno Local.

Ciudadanos centró su crítica en la fiscalización del procedimiento. El grupo anunció la solicitud de explicaciones al Ayuntamiento, trasladando la cuestión a la Junta de Castilla y León, al considerar necesario que la administración autonómica, competente en materia de patrimonio, evalúe la legalidad y adecuación de la intervención.
Sobre este particular el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta en Segovia confirmó a esta Redacción que recibió un escrito de Ciudadanos solicitando información al respecto de la actuación, señalando que se está preparando el informe para dar contestación.
A las críticas políticas se sumaron las de la Asociación Amigos del Patrimonio. Su presidente, Pedro Montarelo, puso en duda el argumento de la provisionalidad, al considerar que no se trató de una decisión voluntaria, sino de una obligación derivada de la necesidad de “reponer la legalidad” en una actuación que, según sostuvo, no respetó los procedimientos. En este sentido, advirtió de que no existió un plazo concreto para revertir el asfaltado ni una planificación clara que garantizara esa reposición.

“No había carácter de emergencia”

El responsable de la asociación también cuestionó el carácter de emergencia de la intervención. A su juicio, no concurrieron los supuestos legales que justificarían este tipo de contratación, ya que no se trató de una situación catastrófica ni de un peligro inminente.
En su análisis, Montarelo introdujo además la idea de un “diagnóstico incompleto”, no tanto por la falta de datos técnicos sobre el estado del firme, sino por la ausencia de una visión integral que tuviera en cuenta la condición patrimonial del espacio. Ese planteamiento conectó con su crítica a la ausencia de alternativas, ya que la decisión de asfaltar se adoptó sin explorar otras soluciones menos agresivas, lo que redujo el margen de actuación a una única opción. “Se han matado pulgas a cañonazos”, resumió.

Amigos del Patrimonio critica la falta de alternativas y considera que la intervención se adoptó sin un diagnóstico completo del valor del entorno

Montarelo también alertó de las consecuencias sociales de la intervención, al considerar que la forma en que se llevó a cabo generó una división innecesaria entre los ciudadanos. En su opinión, una actuación de estas características debería haber contado con mayor consenso, información previa y participación de colectivos especializados, especialmente en un contexto como el de Segovia, donde la condición de Patrimonio de la Humanidad exige un tratamiento especialmente cuidadoso de cualquier intervención.
Mientras, el Ayuntamiento defendió la necesidad de actuar con rapidez ante el deterioro del firme, la oposición y los colectivos pusieron en duda que esa urgencia estuviera suficientemente justificada. La discusión no se limita a si había que actuar, sino a cómo y en qué condiciones debía hacerse.

La Academia de San Quirce manifiesta su “profunda disconformidad”

La Real Academia de Historia y Arte de San Quirce expresó su “profunda disconformidad” con la ejecución de las obras de asfaltado sobre el pavimento de adoquines de granito.
La institución, reunida en sesión extraordinaria, recordó que la legislación de protección del Conjunto Histórico-Artístico ampara de forma expresa todos los elementos que conforman estas áreas, incluidos los pavimentos tradicionales, por lo que considera que la intervención afecta a un componente protegido del patrimonio urbano.
En su comunicado, la Academia lamentó además que las explicaciones del Ayuntamiento llegaran una vez finalizadas las obras. Subrayó que, en actuaciones de este tipo, ha sido habitual la consulta o información previa a la entidad, que tiene entre sus funciones el asesoramiento a las administraciones públicas, tal y como recoge el Decreto 20/2011 de la Junta de Castilla y León que regula las academias científicas y culturales de la comunidad.
Una vez ejecutada la actuación, la corporación reclamó un compromiso firme por parte de la Alcaldía para que, cuando desaparezcan las circunstancias que, según el Ayuntamiento, han justificado la intervención, se proceda “lo antes posible” a la retirada completa del pavimento asfáltico y a la recuperación íntegra del adoquinado original de la vía.
La Academia confía en que esta intervención no siente precedente y pide que, en futuras actuaciones dentro del Conjunto Histórico, se actúe con el mayor consenso posible, con el objetivo de evitar conflictos y garantizar una preservación rigurosa del patrimonio de la ciudad.

“La condición de Patrimonio de la Humanidad se pierde por estas acciones”

Pedro Montarelo insistió en que el asfaltado de la calle San Agustín responde a una “reacción desproporcionada” que no estuvo precedida de una justificación razonada y que ha supuesto “un atropello al patrimonio”. A su juicio, la intervención no tuvo en cuenta el impacto sobre el entorno ni el valor del adoquín original, cuya pérdida considera especialmente relevante.
Montarelo recordó además que el deterioro de la calle no es reciente y que ya se había advertido años atrás, durante la remodelación de la calle San Juan, de la necesidad de intervenir en San Agustín. Según explicó, entonces se descartó actuar por la previsión de las obras del Teatro Cervantes, un argumento que, afirmó, se repite en el tiempo.
Además, el presidente de la Asociación Amigos del Patrimonio advirtió de que actuaciones como esta pueden poner en riesgo la propia consideración de Segovia como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, al entender que este tipo de intervenciones responden a “malas prácticas” en la gestión del patrimonio.

Bien en lo práctico, algo peor en lo estético

La percepción por parte del ciudadano de a pie y de los usuarios habituales de las calles que han sufrido el asfaltado no está totalmente en consonancia con la posición tanto de los grupos políticos de la oposición, como de la Asociación Amigos del Patrimonio y la Academia de San Quirce.
Consultados por esta Redacción, los trabajadores que tienen su desempeño habitual al pie de las calles asfaltadas apostaron por la practicidad al indicar que el arreglo era muy necesario tanto por el mantenimiento de los vehículos como por la seguridad de los peatones “porque las calles eran un bache continuado”, si bien consideraron que, en el apartado estético el asfalto no es visualmente el mejor de los elementos.