Los agricultores y ganaderos siguen protestando por la elevación continua de los costes de sus explotaciones, entre ellos los costes laborales, que impiden competir con las producciones de países terceros, como los de Mercosur. Las reiteradas subidas del salario mínimo por encima de la inflación y de las cotizaciones a la Seguridad Social impiden contratar el personal imprescindible para el funcionamiento de las explotaciones agropecuarias.
Este año 2026 se ha incrementado el salario mínimo en un 3,1% desde el 1 de enero (1.221 euros mensuales en catorce pagas), de modo que el coste total por contratar un trabajador (nómina y seguros sociales) será diez veces superior a los competidores en Marruecos y un 30% superior al vigente en la vecina Portugal. También el salario mínimo en España se ha incrementado con más intensidad que en los países europeos, así, entre los principales con un elevado peso en la agricultura, solamente Francia tiene un salario mínimo superior al existente en España, pero desde el año 2016 ha crecido en la mitad de lo que ha crecido en España.
El 31% de los trabajadores que cobran el salario mínimo trabajan en la agricultura y la ganadería, donde los costes laborales representan un 45% de los costes de producción totales. Por lo que, los costes del sector agrario han subido por encima de los otros sectores de nuestra economía, de modo que muchas explotaciones dejan de ser rentables, o bien sus titulares trasladan la producción a otros países como Marruecos.
Un incremento del salario mínimo que ha de ser compensado con bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social o bien mediante beneficios fiscales, si no queremos que muchas explotaciones queden abandonadas, sobre todo en el sector cerealista, en crisis desde hace varios años por el aumento de los costes de producción.
Aunque la Ley de la Cadena Alimentaria establece que el operador de la cadena ha de pagar al anterior el precio igual o superior a los costes efectivos de producción, la realidad es que no se garantiza la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias. A las elevadas cargas laborales que sufren los agricultores y ganaderos se suma el encarecimiento del precio de los fertilizantes, semillas y herbicidas, que continúan a un precio superior al 20% respecto de los costes anteriores a la guerra de Ucrania.
La flexibilidad de la aplicación de la PAC, la revisión de los módulos del IRPF, no compensan el aumento de los costes fijos. Al mismo tiempo que los programas públicos para incentivar el relevo generacional no están dando el resultado esperado, cuando las explotaciones agropecuarias están asfixiadas por el aumento de los costes laborales, de producción, administrativos, etc.
En efecto, el 40% de los propietarios de explotaciones agrícolas o ganaderas tienen más de 65 años, lo que pone en peligro la seguridad alimentaria en nuestro país. Los datos son elocuentes, si en el año 1985 las actividades agrícolas representaban el 6,9% del PIB, ese porcentaje se ha reducido al 2,6% en el año 2025.
Por tanto, es acuciante que los poderes públicos pongan en marcha una serie de políticas que garanticen la viabilidad económica de las explotaciones agropecuarias y se asegure el relevo generacional en nuestros pueblos, si no queremos el abandono del medio rural.
