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Carrascosa pide al Ministerio de Justicia que financie la mediación

La Delegada de mediación del CGPJ de Castilla y León alude a la creación de la Ley 1/2025 creada por el propio Ministerio, que obliga a usar este recurso antes de acudir a la jurisdicción

por El Adelantado de Segovia
30 de enero de 2026
Celebración de la jornada “La mediación como instrumento de pacificación y efectiva resolución de conflictos’, hoy en Burgos. / Ricardo Ordóñez

Celebración de la jornada “La mediación como instrumento de pacificación y efectiva resolución de conflictos’, hoy en Burgos. / Ricardo Ordóñez

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La delegada de mediación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Castilla y León, la magistrada Ana Carrascosa, ha reivindicado al Ministerio de Justicia una financiación de los proyectos de mediación en la Comunidad porque “la idea de la Ley 1/2025 es que del sistema de justicia basado solo en tribunales se pase un sistema de justicia donde todas las herramientas que puedan servir para la tutela de los derechos estén al mismo nivel”.

Ana Carrascosa abordó este viernes en Burgos ‘La mediación como instrumento de pacificación y efectiva resolución de conflictos’, conferencia organizada con motivo del Día Europeo de la Mediación, dirigida también por la presidenta de la comisión de implantación para la mediación intrajudicial social en Burgos, la magistrada María José Renedo.

Carrascosa entiende que sería bueno que el Ministerio de Justicia, que ha creado la Ley 1/2025, donde la mediación es uno de los medios adecuados de solución de conflictos y lo exige como requisito previo para acudir a la jurisdicción, “fuera financiando los proyectos de mediación en la Comunidad, cuando además se pidieron por el Ministerio y se dieron por parte de la Unión Europea muchos fondos Next Generation para el desarrollo de sistemas de mediación”.

Así argumentó, “para que esto realmente esté al mismo nivel, para que realmente lo que dice la ley de que la ciudadanía pueda acceder gratuitamente a todas estas otras herramientas, el Ministerio en los territorios donde no hay transferencia de justicia debería financiar a los mediadores que hagan esas mediaciones y hasta ahora no se está haciendo”.

Por ello, apeló a la necesidad de que se creen unos centros de mediación financiados por el Ministerio o, como por ejemplo hace la comunidad andaluza, que, según relató Ana Carrascosa, “financia a los centros que están prestando el servicio, aunque no lo preste directamente la Comunidad, sacan un concurso y adjudican”. Algo que sucede también en el País Vasco, en la Generalitat de Cataluña o de Valencia, subrayó, que son “quienes están financiando cualquier mediación, sea de la jurisdicción que sea”.

La delegada de mediación del CGPJ en Castilla y León precisó que en Castilla y León se tiene el gran problema de los recursos económicos. “La Junta de Castilla y León financia proyectos de mediación familiar porque tiene una ley de mediación familiar, pero más allá de eso entiende que no es competente a justicia, porque la competencia la tiene el Ministerio, y el Ministerio hasta día de hoy únicamente ha desarrollado proyectos en el ámbito de la región de Murcia, es el único proyecto de mediación intrajudicial que el Ministerio financia”, argumentó.

Por lo tanto, manifestó que “los proyectos que hay tienen que ver con la buena voluntad del juez o el magistrado que lidera el proyecto, buena voluntad de mediadores, como aquí pasa con los colegios de procuradores, abogados y sociales que ponen todo de su parte para que las cosas funcionen”.

“Generosamente prestan un servicio gestionando lo que es el servicio de mediación intrajudicial, que la gestión es muy complicada, y tiene que ver luego con el impulso que durante muchos años se ha dado desde el CGPJ, que iba buscando jueces interesados con instituciones de mediación interesadas”, argumentó.

 

La jornada

Al encuentro, asistieron magistrados, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados, procuradores, graduados sociales, y representantes de instituciones civiles y universitarias como la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, o el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente.

Durante el acto, se realizó un reconocimiento a todas las personas e instituciones que han colaborado en la mediación de la jurisdicción social desde el momento de su implantación en 2013, como son jueces, fiscales, letrados, mediadores, Ayuntamiento de Burgos, Colegios Profesionales de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, empresas y sindicatos.

La mediación intrajudicial es un procedimiento informal en el que un tercero imparcial (el mediador) asiste a las personas que tienen un procedimiento litigioso en el juzgado con el fin de puedan alcanzar un acuerdo aceptable para ellas en aquellos aspectos que legalmente pueden disponerse.

Son múltiples los campos en que puede desarrollarse la mediación: procedimientos judiciales de familia, causas civiles, asuntos penales y de la jurisdicción de menores, procesos laborales y contencioso-administrativos. Además, se aplica para resolver problemas en situaciones de conflicto o desencuentro en casi cualquier ámbito social y de relaciones humanas como, por ejemplo, conflictos de comercio y consumo, de propiedad intelectual e industrial, conflictividad vecinal y escolar.

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