Un día después de que anunciara que las pensiones no se revalorizarán con el Índice de Precios al Consumo (IPC), tal y como se esperaba, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se defendió de las múltiples críticas desatadas y justificó la actuación como una decisión «de responsabilidad» en un momento «difícil» para España, en el que la «prioridad» es alcanzar con los objetivos de déficit pactados con Bruselas.
En este sentido, la dirigente popular enfatizó que el Gobierno contempla el cumplimiento de la deuda como la «puerta de salida» de la crisis y, por ello, optó opr tomar esta medida.
Además, en referencia a las numerosas acusaciones, que ironizan con la coincidencia del anuncio tras las elecciones catalanas, Báñez se limitó a responder, ante tales suspicacias, que el presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, emplazó la notificación una vez que se publicara el IPC de noviembre.
«Como la prioridad es cumplir con el déficit, el Gobierno ha tomado una decisión difícil», reconoció la ministra, para después poner en valor que las pensiones de menos de 1.000 euros subirán un 2 por ciento.
La titular de Empleo aseguró que los jubilados cuentan con el apoyo «sincero» del Gabinete central, habida cuenta de que este colectivo esta «sacando adelante» a muchas familias. «Este Ejecutivo no ha tratado peor a los más débiles», reivindicó.
Así pues, recalcó que la prioridad del equipo de Mariano Rajoy es sacar al país de la crisis y cumplir con los objetivos del déficit público, pero sin tratar peor a los más vulnerables congelando las pensiones, «como hicieron otros», en clara alusión a las posturas tomadas durante la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.
La ministra concluyó confirmando que el incremento del 2 por ciento en las cotizaciones afectará al 75 por ciento de los beneficiarios, es decir, «a más de seis millones de personas en un país con una situación dramática heredada de un Gobierno que dejó las cuentas públicas en números rojos».
Además, aseguró que 2014 será el año de la creación de empleo en España y añadió que el actual es «el peor año de la crisis y que el próximo será mejor».
Por su parte, el vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, también justificó la decisión de los populares y señaló que «desgraciadamente hay que hacer sacrificios» con el fin de «sanear las cuentas públicas».
Así, el dirigente andaluz defendió que «este Gabinete incrementa las pensiones el próximo año», y que «las más bajas aumentan más».
Mientras, el presidente del Govern de Baleares, José Ramón Bauzá, aseguró que «es un hecho que es constatable» que se suben las prestaciones. «Lo que ocurre es que no se suben como a todos nos gustaría, pero la realidad es la que es, no la que nos gustaría que fuera», aseveró el mandatario regional.
«Por lo tanto, hay que continuar trabajando, hay que seguir siendo constante, hay que tomar decisiones con valentía y este incremento se produce, precisamente, porque hay reformas y acciones que ayudan a que se produzca», remarcó.
Por su lado, mucho más positivos se mostraron desde Bruselas, ya que el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Oli Rehn, calificó la decisión del Gobierno español de «demostración de que está totalmente comprometido» con cumplir los objetivos presupuestarios este año «y más todavía el próximo ejercicio» y calculó su impacto en «en torno al 0,5 por ciento» del Producto Interior Bruto (PIB) en 2013.
Todas las posibilidades sobre la mesa.- La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, aseguró ayer que su partido estudia «todas las posibilidades» contra la decisión de no compensar a los pensionistas por la desviación del IPC. No obstante, no concretó ninguna posible medida al señalar que el Ejecutivo central «lleva tres meses diciendo que iba a actualizar las pensiones» y ayer fue cuando se conoció la decisión. Así, criticó al PP por esperar a «que concluya la última batalla electoral», para anunciar esta medida.
Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador general de Izquierda Unida en la región, Diego Valderas, lamentó que «hoy los jubilados solo pueden decir que el presidente del Gobierno les ha vuelto a meter la mano en el bolsillo», mientras el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, calificó de «atraco a mano armada del Gobierno de Rajoy» la determinación del Ejecutivo central.
