Los datos relativos al sector manufacturero español (la industria sin la rama energético) reflejan que en dos décadas esta industria ha perdido más de seis puntos a la aportación al PIB desde el año 2020. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística (2023) señalan que esta industria manufacturera solo representa el 11,2% de nuestra economía y que el número de empleados en el sector representa el 9,8% de la población ocupada de España. Es decir, alrededor de dos millones de personas (no todas a tiempo completo). En definitiva, en algo más de dos décadas, el sector manufacturero ha perdido 886.000 empleos, lo que equivale a una reducción del 30%-31% de los ocupados del sector.
Un diferencial en términos de valor añadido (VAB) que se ha incrementado en 3,5 puntos respecto de la media de la Unión Europea-27 y a una mayor distancia de países como Alemania, Suecia e Italia. La globalización económica, los procesos de deslocalización a países con costes más bajos y la competencia de terceros países, ha supuesto un retroceso de las cifras manufactureras, compensado en nuestro país con el incremento de los servicios públicos y privados. La caída de la industria estaba presente en las décadas de 1980 y 1990 en el pasado siglo en nuestro país. El objetivo de la Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España, 2014, es que el sector industrial representaría el 20% de la economía española en 2020, pero en 2019 las Directrices Generales de la Nueva Política Industrial de España retrasó el objetivo a 2030, mediante la mejora de la productividad y la competitividad, la sostenibilidad y la descarbonización de la economía.
Por lo que, hay que fijar una nueva Estrategia de Política Industrial de España en 2030, mediante el aumento del tamaño de las empresas (el 81,8% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores) y la productividad (en 2023, la productividad por hora trabajada era un 5,5% inferior a la media europea y un 25% inferior a la existente en Alemania).
El Consejo de la Unión Europea ha aprobado recientemente el uso de incentivos fiscales para promover las tecnologías limpias y la descarbonización industrial para favorecer la competitividad. A propuesta de la Comisión Europea se ha aprobado el Pacto Industrial Limpio. Una propuesta que se centra en herramientas como créditos fiscales específicos y la depreciación acelerada de activos para las empresas que inviertan en sostenibilidad, de modo que cada Estado tendrá libertad para diseñar las medidas que mejor se adapten a su situación y sus capacidades presupuestarias.
En otro orden de cosas, el número de desempleados aumentó en el mes de octubre en la provincia de Segovia, con 176 parados más que en septiembre, lo cual se traduce en un incremento del 4%, un desempleo que llega a los 4.581 parados. Un paro que afecta en un mayor número a las mujeres (2.760) que a los hombres (1.821) y por sectores, destaca el sector servicios (3.441 parados), al sector industrial (278), seguido de la construcción (250) y de la agricultura (21).
En la Comunidad de Castilla y León el número de desempleados se incrementó en octubre en 2.545 personas, lo que supone un incremento del 2,6% sobre septiembre, hasta un total de 100.568 parados y la mayor subida entre todas las Comunidades Autónomas. Destaca igualmente la preponderancia del desempleo femenino en nuestra autonomía (60.987 paradas) sobre el masculino (39.581 desempleados). Un desempleo que afecta al sector servicios (72.808 parados), al industrial (8.130), al sector de la construcción (5.606) y a la agricultura (4.022).
Mientras que Castilla y León batió un récord con el 92,8% de electricidad producida de origen renovable en 2025, es decir, de cada 10 kilovatios producidos en Castilla y León, más de 9 tienen su origen en el viento, el agua, el sol o la biomasa. Aquella cifra supone que nuestra Comunidad supera ampliamente en la producción de electricidad de origen renovable a la medida nacional de un 56,8%, en un momento que se está produciendo una descarbonización de la economía europea.
La energía eléctrica de origen eólico representa el 50% de la producción total de Castilla y León, de hecho, uno de cada cinco gigavatios hora (GWh) eólicos producidos en España, se producen en nuestra Comunidad. También la producción eléctrica de origen hidráulico es importante ocupando un segundo lugar en producción de nuestra región, al mismo tiempo que está aumentando la producción de la energía eléctrica de origen fotovoltaico por las nuevas plantas y el aumento del autoconsumo. En 2024, la Junta de Castilla y León autorizó 5.333 instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, un 47% más que en 2023, y que representan una potencia instalada de origen fotovoltaico de 390MW con un total de más de 20.000 instalaciones. Una producción que facilita el riego de las producciones agrícolas y el alivio del precio de la electricidad para nuestras pymes y para los consumidores finales.
La producción de energía a través de la biomasa tiene grandes posibilidades dado que nuestra Comunidad cuenta con la mayor masa forestal de nuestro país y así también Castilla y León produce el 20% de los pellets que se producen en España.
Toda esta producción de energía eléctrica de origen renovable puede atraer la instalación de nuevas industrias en nuestra Comunidad, sobre todo de la industria electro intensiva, al tener dos grandes ventajas. Su precio muy competitivo que permite ahorrar costes y en segundo lugar su carácter renovable que entra en armonía con los nuevos compromisos de la Unión Europea en materia de descarbonización.
El miércoles 5 de noviembre, el Consejo de Medio Ambiente alcanzó un acuerdo sobre una propuesta de modificación de la Ley Europea del Clima para establecer un objetivo climático intermedio vinculante para 2040. Introduce un objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90 % de aquí a 2040, de las cuales hasta un 5 % podría obtenerse mediante créditos internacionales de carbono. Los Estados miembros también aprobaron la contribución determinada a nivel nacional (CDN) de la UE después de 2030 justo antes de la COP30 en Belém y con un nuevo objetivo de reducir las emisiones entre un 66,25% y un72,5% por debajo de los niveles de1990 hasta 2035. Además, la U.E. ha refrendado oficialmente la Coalición para Asociaciones Multinivel de Alta Ambición (CHAMP) para la Acción por el Clima, cuyo objetivo es colmar la brecha entre la acción local y las políticas nacionales e integrar la gobernanza multinivel en la acción por el clima.
En el ámbito local, aquella producción de energía renovable asimismo puede aprovecharse para promover el desarrollo del medio rural, al mismo tiempo que genera ingresos para los titulares de los terrenos por su arrendamiento y para los municipios que aumentan su materia imponible. Una producción que debe venir acompañada por la digitalización de la red y el aumento de la potencia de almacenamiento gracias a la posibilidad de bombeo en la hidráulica y las baterías para almacenar la energía de origen eólico y fotovoltaico. La electrificación del regadío puede fomentar el aumento de las producciones y la enorme producción de energía renovable facilitaría la atracción de la industria electro intensiva, de empresas logísticas, centros de datos y la industria auxiliar.
La tasa de actividad en Castilla y León se situó en octubre de 2025 en el 54,95%, lejos todavía del 59,3% de la media nacional, es decir, la tercera más baja de nuestro país tras Asturias (52,4%) y Galicia (53,7%). Por lo que, la producción de electricidad renovable en Castilla y León debe servir de base para el aumento del empleo, especialmente en la industria, y constituir un instrumento para el desarrollo del medio rural, que ha de aprovecharse especialmente de esa riqueza renovable.
