La Generalitat fue ayer la primera institución en dejar clara su postura ante la rebelión contra la inmigración de Vic al garantizar que todos los ayuntamientos catalanes empadronan a los extranjeros tengan o no papeles e instó al Consistorio de la localidad barcelonesa de la polémica a atacar la normativa estatal, lamentando el «embrollo» que ha causado la decisión del Gobierno municipal de negarse a inscribir a los extracomunitarios sin el visado en regla.
Así lo hizo saber el conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, quien afirmó que el Govern rechaza de forma contundente el uso electoral de la inmigración e instó a todos los partidos a no caer en ello, después de que la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, indicase que este asunto será precisamente uno de los ejes de su campaña.
Nadal garantizó la plena unidad del Ejecutivo autonómico sobre este tema y recordó que las administraciones locales, entre ellas Vic, consensuaron hace dos meses, en el marco de la Mesa de Ciudadanía e Inmigración de la Generalitat, un documento que señala que los ayuntamientos «tienen la obligación» de inscribir a todas las personas que viven en la localidad.
«No hago ningún reproche a Vic», declaró el conseller, quien indicó que, hasta la fecha, ha tenido unas políticas de integración muy correctas, pero lamentó la intención de la corporación municipal (CiU, PSC, ERC) de modificar el funcionamiento del empadronamiento de forma unilateral.
Hay otros consistorios catalanes con problemáticas similares que ni arman tanto «revuelo» ni levantan tanta polvareda, aseguró Nadal, que consideró que hubiese sido mucho más útil para la convivencia en la ciudad seguir las recomendaciones de la Mesa de Ciudadanía e Inmigración.
El conseller rechazó hacer un uso electoralista de la inmigración y, tras asegurar que no tiene «ningún miedo político» a la extrema derecha y a un posible auge de formaciones como Plataforma per Catalunya -la segunda fuerza de Vic, con cuatro concejales-, lamentó la actitud que están teniendo los populares.
Así, recordó al PP que la legislación vigente de extranjería se aprobó cuando estaban en el Gobierno y que durante la tramitación en el Congreso de la última reforma de la ley en el pasado año, la norma «no fue objeto de ningún tipo de enmienda» relativa a los criterios de empadronamiento.
Y es que Sánchez Camacho anunció ayer que la inmigración será «un eje prioritario» de su campaña electoral y que hablará «sin complejos» sobre este asunto.
La presidenta de los populares de Cataluña sostuvo que la polémica de Vic es solo la «punta del iceberg» de una situación que debe llevar a «solventar y clarificar» de qué manera los municipios facilitan «prestaciones sociales en condiciones de igualdad y de calidad». Sánchez Camacho remarcó que en ningún caso plantea dejar sin educación ni sanidad a ciudadanos irregulares, y que su partido apuesta por «cumplir la legalidad», pero sí criticó que la legislación actual permita que el empadronamiento sea una vía para «legalizar situaciones de irregularidad».
