El consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, ha rechazado el proyecto de Ley Orgánica sobre la quita de la deuda autonómica que será aprobada por el Consejo de Ministros de este martes, por ser “contrario al interés general y al de Castilla y León”, y ha reiterado que, tras la aprobación de la iniciativa, cada ciudadano de la Comunidad deberá 523 euros más que antes, “dado que lo que nos quieren quitar como castellanos y leoneses (3.000 millones) es menor de lo que asumimos como españoles”.
El titular de Economía explica que el proyecto de ley, que se aprueba para cumplir el acuerdo con ERC que ha permitido que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno, implica que los españoles pasemos a asumir la deuda de una comunidad autónoma, pese a que tanto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) y otros analistas han visto contraindicaciones claras.
Entre ellas, Carriedo destaca que incurre en desigualdades entre los territorios, “que crea una imagen de que las deudas no hay que pagarlas” y que es negativo para la solvencia de la Hacienda española.
Asimismo, la Junta, que presentará un recurso de inconstitucionalidad en cuanto se apruebe la ley, entiende que los criterios para aprobar la quita responden a los intereses de Cataluña – donde ERC había pedido la condonación de 15.000 millones- y penalizan a las comunidades, como Castilla y León, que han bajado impuestos y que están menos endeudadas. Sostiene Carriedo que crea un precedente que se contradice con las llamadas al rigor fiscal de las autonomías.
“No necesitamos una quita de la deuda, porque nosotros pagamos nuestros compromisos; lo que necesitamos es un sistema de financiación autonómico que se fije en la ruralidad, que mire a los pueblos y lo que cuesta la prestación de servicios”, remarca el consejero, añadiendo que se puede hacer mucho más para combatir la despoblación, “como por ejemplo diseñar un sistema de financiación autonómica que se fije en la singularidad de lo rural, que tenga en cuenta el coste efectivo y real de llevar el Estado de Bienestar a los habitantes de los pueblos”. “La quita sólo se ha hecho pensando en los partidos separatistas y no soluciona el problema principal que es la insuficiente financiación que recibimos las comunidades autónomas para ejercer nuestras competencias”.
Aún así, Carriedo mostró algunas dudas de que el Ejecutivo pueda sacar adelante la propuesta, por las reticencias de algunos de sus socios parlamentarios como Compromis, BNG y Chunta Aragonesista.
