El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (Cacyl) celebró este viernes en el Ayuntamiento de Arévalo (Ávila) la última reunión del pleno de la organización, y advirtió de las desigualdades que provocará en el medio rural la implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor el 1 de julio. Según apuntaron, la falta de especialización de las oficinas municipales de Justicia y la dificultad de acceso a la conciliación previa en civil, familia y mercantil dificultarán los procesos en los partidos judiciales.
Los abogados temen que la implantación de las oficinas municipales de Justicia, dependientes de los ayuntamientos, provoque desigualdades en el medio rural por la menor especialización de los funcionarios municipales y la falta de medios materiales. Una diferencia agravada además por la obligatoriedad de acudir previamente a medios de solución de controversias como la mediación o la conciliación antes de iniciar algunos procesos, algo que, aunque se aplica también en las capitales, resulta más complicado en zonas rurales.
Aseguran que la Ley de Eficiencia ha reestructurado los organismos judiciales por completo, y en las zonas rurales ha creado dos nuevos órganos: los tribunales de instancia que sustituyen a los juzgados de Primera Instancia, y las oficinas municipales de Justicia que relevan a los juzgados de paz. En Castilla y León, esta reestructuración ha afectado a 32 partidos judiciales fuera de las capitales de provincia.
“Nos preocupa la aplicación de una ley que, en la práctica, hace que el acceso a la Justicia sea más complicado para el ciudadano del mundo rural que para el que reside en la capital”, destaca Fernando Rodríguez Santocildes, actual presidente de Cacyl.
La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia ha traído también la obligatoriedad, desde abril, de acudir a los llamados MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias, es decir, métodos alternativos al juicio como la mediación, la conciliación o el arbitraje) antes de iniciar un procedimiento civil, familia o mercantil.
Desde el Cacyl destacan la escasa previsión sobre cómo y dónde realizar este requisito, más en zonas rurales. “Ahí tenemos una vía de una oportunidad para las oficinas de municipales de Justicia, pero hace falta que el Ministerio lo dote presupuestariamente, que coordine y que haga un extenso trabajo de formación, para proveer a esas oficinas de todas las funciones que prevé la ley”, señala la presidenta del Grupo de Trabajo de Abogacía Rural del Cacyl, Mónica Pérez Villegas.
La aplicación de las novedades legislativas se une a la problemática habitual de las sedes judiciales rurales, como la carencia de medios materiales, la elevada interinidad o la falta de presencialidad de algunos operadores esenciales como el Ministerio Fiscal, forenses o equipos psicosociales, que siguen requiriendo en muchos casos un traslado a la capital de provincia. A ello se añade un envejecimiento de la población que también afecta a los profesionales.
