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La Junta impulsa un nuevo marco urbanístico para 97 municipios segovianos

La normativa se ha estudiado durante tres años en colaboración con la Diputación Provincial, y afecta a más de un cuarto del territorio

por Javier Martin Mesa
9 de junio de 2025
en Segovia
Miguel Ángel de Vicente y Juan Carlos Suárez-Quiñones, flanqueados por la directora general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, María Pardo (i), y la delegada territorial, Raquel Alonso./ HÉCTOR CRIADO

Miguel Ángel de Vicente y Juan Carlos Suárez-Quiñones, flanqueados por la directora general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, María Pardo (i), y la delegada territorial, Raquel Alonso./ HÉCTOR CRIADO

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La Junta de Castilla y León ha dado un paso más que importante para dotar de marco normativo a casi la mitad del territorio segoviano que hasta ahora carecía de instrumento urbanístico. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presentó las Normas Urbanísticas Territoriales de Segovia (NUTSe), una herramienta de ordenación diseñada para los 97 ayuntamientos de la provincia que no disponen de un plan urbanístico propio. La aprobación inicial se publicará este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), abriendo un periodo de tres meses de audiencia e información pública.

Acompañado por el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente y el alcalde de la ciudad, José Mazarías, el consejero subrayó el carácter “estratégico” del documento, que llega tras años de trabajo técnico e institucional y supone una “llamada a la participación ciudadana e institucional” antes de su aprobación definitiva. Las NUTSe sustituirán a las Normas Subsidiarias de Planeamiento Provinciales de 1996, “completamente obsoletas”, en palabras de Suárez-Quiñones, y ofrecerán una respuesta normativa moderna y adaptada al medio rural segoviano, donde la mayoría de municipios carece de capacidad técnica para desarrollar un planeamiento urbanístico general.

El 46% del mapa municipal.

Los datos que acompañan a las Normas revelan su impacto potencial. De los 209 municipios de la provincia de Segovia, 97 no cuentan con instrumento urbanístico propio. Son pequeños pueblos, muchos de ellos con menos de 500 habitantes, que ocupan el 28,53 % de la superficie total de la provincia y concentran el 6,11 % de su población. De hecho, el nuevo marco legal busca incentivar la implantación de nuevas iniciativas, especialmente en sectores como el agroalimentario, las energías renovables o el turismo rural. En estos ámbitos, la indefinición jurídica de las últimas décadas ha dificultado el desarrollo económico de muchas localidades, que necesitaban informes urbanísticos específicos cada vez que una empresa quería instalar una nave, un secadero o una planta fotovoltaica.

“La falta de planeamiento no solo limita las oportunidades económicas, también frena la lucha contra la despoblación”, advirtió Suárez-Quiñones. Con las NUTSe, la Junta quiere revertir esa situación garantizando “seguridad jurídica, claridad normativa y equilibrio territorial”.

Un convenio de 2021.

La elaboración del documento ha sido fruto de un convenio firmado en 2021 entre la Consejería de Medio Ambiente y la Diputación de Segovia, que han compartido la financiación del proyecto al cincuenta por ciento, con un presupuesto total de 200.000 euros. También han creado una comisión mixta para el seguimiento del proceso, integrada por técnicos y representantes políticos de ambas administraciones.
Durante el acto, celebrado en la sede de la Delegación Territorial de la Junta, tanto Suárez-Quiñones como De Vicente insistieron en la importancia de que el período de información pública sirva para enriquecer el documento. A partir de hoy, y durante tres meses, los ayuntamientos, asociaciones y particulares podrán presentar alegaciones y sugerencias al texto inicial. La Junta prevé incorporar buena parte de esas aportaciones antes de la aprobación definitiva, prevista para finales de año.

Tres ejes.

El contenido técnico de las NUTSe se articula en torno a tres grandes bloques. En primer lugar, el documento categoriza las distintas tipologías de suelo rústico, prestando especial atención al llamado suelo rústico común o no protegido, que es donde caben usos excepcionales. Esta clasificación es clave para permitir nuevas actividades económicas, sin colisionar con los valores naturales o patrimoniales de la zona.
En segundo lugar, las normas delimitan con precisión el perímetro del suelo urbano existente en cada municipio. Esta delimitación permitirá a los ayuntamientos gestionar con mayor claridad las licencias de obras, rehabilitación y servicios.
Y en tercer lugar, el texto incluye un catálogo de edificios y terrenos con protección cultural, con el objetivo de preservar los elementos más valiosos del patrimonio rural, tanto material como inmaterial.

Una herramienta flexible.

Uno de los elementos más destacados por los responsables políticos ha sido la flexibilidad del instrumento. A diferencia de los planes generales de ordenación urbana o de las normas urbanísticas municipales, que son más rígidos, las NUTSe están pensadas para adaptarse a la enorme diversidad de realidades del mundo rural. No hay dos municipios iguales en Segovia, ni por tamaño, ni por orografía, ni por dinámica social o económica, y de ahí la importancia de dotar al instrumento de la capacidad de adaptarse.
La Junta está impulsando este mismo modelo en todas las provincias de la Comunidad. En total, de los 2.248 municipios de Castilla y León, más de la mitad (1.266) no cuentan con instrumento urbanístico propio. En ellos viven 199.422 personas (el 8,31 % de la población autonómica) y ocupan el 43,11 % del territorio regional. Son cifras que muestran la magnitud del reto que afronta el Ejecutivo autonómico.
Hasta la fecha, las NUT de Valladolid fueron aprobadas en 2022, las de Soria en 2023 y las de León en 2024. En las restantes provincias, entre ellas Ávila, Palencia, Salamanca o Zamora, el proceso de redacción se encuentra “muy avanzado”, según confirmó Suárez-Quiñones.

 

La inversión compartida es de 200.000 euros, y el objetivo es el de facilitar el acceso a la vivienda y promover la actividad económica cuidando el medio rural

La idea del Gobierno autonómico es que, en el horizonte de 2026, todas las provincias cuenten con sus respectivas Normas Urbanísticas Territoriales, como parte del compromiso político de ampliar el porcentaje de territorio ordenado y reducir la desigualdad normativa entre municipios grandes y pequeños.
La presentación en Segovia, en la que tomaron parte un buen número de alcaldes de municipios de la provincia, sirvió para poner en negro sobre blanco que el documento busca facilitar el acceso a la vivienda, simplificar trámites para rehabilitación o nueva construcción, y permitir actividades económicas compatibles con el entorno rural. Todo ello sin perder de vista la protección ambiental, que en provincias como Segovia es especialmente relevante por la presencia de espacios naturales protegidos, zonas Red Natura y el patrimonio histórico.

«Queremos poner a los pueblos en el siglo XXI»

Suárez-Quiñones y Miguel Ángel de Vicente encabezaron el acto en el que se anunció que el documento será sometido desde hoy a un periodo de información pública y audiencia de tres meses. Se abre así la puerta a alegaciones por parte de ciudadanos, ayuntamientos y empresas, antes de su aprobación definitiva por parte de la Junta.

 

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Suárez-Quiñones saluda al alcalde de Segovia, José Mazarías. / H.C.

“Este documento puede parecer meramente formal o documental, pero que tiene mucha relevancia práctica en el día a día y en la actividad económica”, subrayó Suárez-Quiñones. Las nuevas normas determinan “qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el territorio”, lo que las convierte —dijo— en una herramienta fundamental para organizar el suelo y facilitar el desarrollo de actividades productivas en el medio rural.
El consejero recordó que casi la mitad de los municipios segovianos continúan rigiéndose por unas normas subsidiarias provinciales del año 1996, que “no están adaptadas a las realidades actuales” y dificultan la implantación de nuevos negocios. Esta situación no es exclusiva de Segovia. En Castilla y León, 1.266 de los 2.248 municipios —un 56%— carecen de planeamiento urbanístico propio, lo que afecta a unas 200.000 personas y al 43% del territorio autonómico.

 

De Vicente destacó que con estas normas “el 26% de la población de la provincia tendrá un referente normativo urbanístico”

“Lo que hicimos fue llegar a acuerdos con las diputaciones, también con la de Segovia, para elaborar normas que den cobertura a estos municipios que no tienen capacidad técnica ni económica para redactarlas por sí mismos”, explicó. El resultado es un documento que ha requerido años de trabajo técnico y que pretende proteger los valores ambientales y patrimoniales del territorio, pero también “hacerlos compatibles con la actividad económica y el empleo en el medio rural”.
Por su parte, Miguel Ángel de Vicente agradeció a la Junta su implicación y destacó que con estas normas “el 26 por ciento de la población de nuestra provincia tendrá por fin un referente normativo urbanístico”. “Ya tocaba, tres décadas después, normalizar ese marco”, afirmó. El presidente de la Diputación subrayó que ahora corresponde a los responsables municipales y a los vecinos revisar el documento, hacer aportaciones y contribuir a su mejora durante el periodo de información pública.
“Lo que nos toca ahora a los segovianos que viven en estos 97 municipios es cooperar para que el marco normativo, una vez finalizada la información pública, pueda ser aprobado por la Junta y sea una herramienta más para el progreso del territorio”, concluyó De Vicente.
Suárez-Quiñones insistió en que estas normas son “una oportunidad” para los pequeños municipios, muchos de los cuales, relató, han perdido inversiones por las trabas que suponían las normas antiguas. Citó como ejemplo una industria ligada a la miel que no pudo instalarse en León por esta razón. “Eso es lo que queremos evitar ahora en Segovia”, dijo. “Queremos poner a los pueblos en el siglo XXI”, sentenció.

Municipios afectados.

Adrada de Pirón
Adrados
Alconada de Maderuelo
Aldealcorvo
Aldealengua Santa María
Aldeanueva Serrezuela
Aldeanueva del Codonal
Aldea Real
Aldeasoña
Aldehorno
Aldehuela del Codonal
Aldeonte
Anaya
Añe
Arevalillo de Cega
Barbolla
Bercial
Bercimuel
Cabañas de Polendos
Calabazas Fuentidueña
Carrascal del Río
Castro de Fuentidueña
Castrojimeno
Castroserna de Abajo
Castroserracín
Cedillo de la Torre
Cilleruelo de San Mamés
Cobos de Fuentidueña
Collado Hermoso
Corral de Ayllón
Cubillo, El
Domingo García
Donhierro
Encinas
Escarabajosa de Cabezas
Fresneda de Cuéllar
Frumales
Fuente el Olmo Fuentidueña
Fuente el Olmo de Íscar
Fuentepiñel
Fuentesaúco Fuentidueña
Fuentesoto
Gallegos
Honrubia de la Cuesta
Hontalbilla
Juarros de Riomoros
Juarros de Voltoya
Laguna de Contreras
Languilla
Lastras del Pozo
Mata de Cuéllar
Matilla, La
Melque de Cercos
Membibre de la Hoz
Montejo de Arévalo
Montejo de la Vega
Moral de Hornuez
Navares de Ayuso
Navares de Enmedio
Navares de las Cuevas
Ortigosa de Pestaño
Pajarejos
Perosillo
Pinarejos
Pinarnegrillo
Carabias
Puebla de Pedraza
Riaguas San Bartolomé
Ribota
Riofrío de Riaza
Roda de Eresma
Sacramenia
San Cristóbal de Cuéllar
San Cristóbal de la Vega
San Martín y Mudrián
Santa Marta del Cerro
Sauquillo de Cabezas
Sequera de Fresno
Sotillo
Tabanera la Luenga
Tolocirio
Torreadrada
Torrecilla del Pinar
Torreiglesias
Urueñas
Valdevacas de Montejo
Valdevacas y Guijar
Valtiendas
Valle de Tabladillo
Valleruela de Pedraza
Valleruela de Sepúlveda
Veganzones
Ventosilla y Tejadilla
Villaverde de Montejo
Zarzuela del Pinar
Cozuelos de Fuentidueña
Cuevas de Provanco

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