En medio de una fuerte polémica, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vic, formado por CiU, ERC y PSC, reiteró ayer en el pleno municipal la legalidad de no empadronar a los inmigrantes sin papeles, y anunció que presentará un informe jurídico externo sobre la medida, que se volverá a debatir en el pleno del 4 de febrero.
El alcalde de la localidad barcelonesa, el convergente Josep Maria Vila d’Abadal, afirmó que la «primera obligación» de un ciudadano es estar legalmente en el país, y consideró que es de un «cinismo terrible» inscribir a personas que no tienen ni permiso de trabajo.
Por su parte, el único concejal socialista en el Consistorio, Josep Burgaya, aseguró que los nuevos criterios cumplen de forma «estricta» con la normativa estatal, y expresó su confianza en los servicios jurídicos del municipio que los avalan.
El edil del PSC consideró que pedir el visado para empadronarse es «de sentido común», y señaló que tan solo retirará su apoyo si una administración de ámbito superior demuestra la ilegalidad de la medida con un informe jurídico.
Subrayó que «pocas ciudades» han trabajado tanto para la integración de extranjeros como Vic, y destacó la falta de apoyo institucional a los entes locales para hacer frente a la inmigración.
El concejal de ERC, Joan López, también expresó su apuesta «decidida» por los servicios legales del Ayuntamiento, y consideró que integración y situación regular son «dos caras de la misma realidad». Recordó que la inmigración en Vic ha aumentado más de un 17 por ciento en los últimos 10 años, y criticó al Gobierno central por «no cumplir» en esta materia. «Dejen trabajar a la ciudad», apostilló.
Por otro lado, el portavoz de ICV-EUiA en el Consistorio, Xavier Tornafoch, retiró una propuesta de urgencia para que se renuncie a la medida a la espera del pleno del 3 de febrero, e instó al equipo de gobierno a informarles por escrito sobre los nuevos criterios y a no variar más sus posicionamientos.
La decisión del municipio, considerada por muchos como xenófoba, cuenta con el apoyo del concejal y presidente de la ultraderechista Plataforma per Catalunya (PxC), Josep Anglada, quien celebró que el Ayuntamiento quiera «ahora» cumplir la ley, pero opinó que la medida es «insuficiente» para combatir la inmigración ilegal en la localidad barcelonesa.
En este sentido, criticó la inacción del Consistorio ante la proliferación de pisos patera y colador, en los que, según Anglada, se inscriben a familiares en el extranjero para que accedan a servicios sociales en Vic. «Parece que todo el mundo debe cumplir las leyes menos los inmigrantes», lamentó.
La iniciativa del municipio catalán ha provocado una gran controversia política. De hecho, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, afirmó que esperará al informe que realice la Abogacía del Estado sobre la decisión del Ayuntamiento.
No obstante, en principio, defendió «los derechos vinculados a la dignidad del ser humano», y subrayó que el empadronamiento no puede «condicionar» que una persona pueda «estar en un lugar y pertenecer a una sociedad».
Caamaño manifestó que, «siempre que se producen este tipo de situaciones», pide a los servicios jurídicos del Estado «que miren si las decisiones que adoptan órganos administrativos operan o no, y se ajustan a nuestro marco legal».
Más dura fue la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al advertir de que la medida aprobada «no está cubierta» por la ley.
El PP aprovechó para arremeter contra el Ejecutivo. Así, su coordinador de Política Autonómica y Local, Juan Manuel Moreno, afirmó que la «errática» política de inmigración del Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero está detrás de la situación en el Ayuntamiento de Vic.
