El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció hoy en el Senado, que “en las próximas semanas” las comunidades autónomas que concentran al 96 por ciento de los lobos en España van a iniciar el procedimiento para pedir la descatalogación del lobo como Especie Silvestre en Régimen de Protección Especial. “Hay que acabar con esta sinrazón que ataca a nuestro mundo rural, a nuestros pueblos y a nuestras Comunidades”, resaltó.
El Senado debatió en la Comisión General de las Comunidades Autónomas una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a la exclusión de las poblaciones del lobo al norte del río Duero del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), así como a la revisión de la estrategia española de conservación del lobo ibérico. Según subrayaron los populares al defender la moción, la protección del lobo “es una decisión ideológica, que se tomó sin tener en cuenta la realidad del campo, que vulnera la competencia de las comunidades y que no tiene respaldo científico”.
En su turno de palabra en la tribuna del Hemiciclo, Suárez-Quiñones subrayó que “estas comunidades no admitimos lecciones sobre la protección del lobo, porque llevamos décadas haciéndolo a través de planes de conservación y gestión basados en informes científicos independientes. Y por eso las mejores poblaciones de lobos de Europa estaban en España”.
Juan Carlos Suárez-Quiñones explicó además la “peculiaridad” de Castilla y León, donde durante años convivieron los dos sistemas de protección, el que venía de Europa de especial protección, y la excepción, también permitida por Europa, que se daba al norte del Duero, donde era la Junta quien gestionaba la conservación del lobo. “¿Y cuál fue el resultado de esta convivencia de los dos regímenes?”, se cuestionó el consejero antes de desgranar los datos: “Al norte del Duero, donde gestionaba la Comunidad y se encontraban el 80 por ciento de los lobos, solo se contabilizaba el 15 por ciento de los daños nacionales a las explotaciones ganaderas. Mientras que al sur, con protección especial, solo tenían el 20 por ciento de los ejemplares de lobo, pero acumulaban el 85 por ciento de los daños. O sea, que nuestro sistema funcionaba, había equilibrio”. “¿Cuál es el interés que persigue el Gobierno con su actitud?”, cuestionó.
Por su parte, la consejera de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, lamentó, desde la Comunidad “más lobera”, que la decisión de incluir y mantener al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) se hace solo por “cuestiones ideológicas”. “¡Qué poco quieren a nuestro territorio y a nuestra biodiversidad!”, apuntó la dirigente regional desde la tribuna del Hemiciclo.
También participó la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos, que recordó que desde 2021 se lleva alzando la voz desesperada de nuestros ganaderos “sin que parece que nadie quiera escucharles”. “Queremos convivir con los lobos, como lo hemos hecho toda la vida”, subrayó antes de denunciar, como el resto de sus homólogos autonómicos, que la protección especial de este animal “se realizó solo por cuestiones ideológicas”. “El lobo no está en peligro de extinción. Quienes están en peligro de extinción son los ganaderos de mi tierra”, clamó.
Mientras, la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, Noemí Manzanos, que detalló el aumento de los lobos y sus daños en su Comunidad, “un verdadero problema para una región como la nuestra, en la que creemos en la ganadería extensiva porque es clave pare el crecimiento económico, la lucha contra la despoblación y la biodiversidad”. “Hemos perdido un 13% de la ganadería extensiva en los últimos años. Y a la vez hay más lobos. En 2014 solo había una manada, en 2020 se llegó a tres manadas y en 2022 ya había cinco”, apuntó que aclaró, como sus homólogos de otras Comunidades, que “no estamos en contra del lobo, solo de la inclusión en el Lespre”.
El PSOE niega los datos
En este debate también participaron otros grupos parlamentarios. Por el PSOE (que presentó una enmienda a la moción de los populares), su portavoz, Concepción Andreu, defendió la actuación del Gobierno que se basa en “datos concretos y científicos” y “no en sensaciones o en datos desactualizados”.
En este sentido, llegó a negar incluso los datos aportados por los consejeros autonómicos, a los que acusó de utilizar informaciones “falsas”: “No es verdad que se hayan perdido 14.000 cabezas de ganado”. “También es mentira que el lobo no se pueda cazar, o que el Ministerio haya retirado a las comunidades la competencia de gestionar a los lobos. Hay muchas mentiras. Y es importante poner blanco sobre negro”, subrayó mientras denunciaba el “ruido” que, sin embargo, “no puede tapar la realidad: que nunca un Gobierno ha puesto tantas medidas sobre la mesa para beneficiar a la ganadería extensiva”, porque el Partido Socialista “siempre ha defendido a los ganaderos y a los agricultores.
“No compro los discursos del medio. No puede ser que vayamos asustando a la gente”, insistió, llegando también a desconfiar de los datos y los ataques porque cuando gobiernan unos u otros cambian de manera radical.
