Como respuesta a las críticas, que llegaron por igual desde los sindicatos y la patronal, o quizá precisamente justo por eso, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, proclamó ayer que la propuesta que ha planteado el Gobierno para reformar el mercado laboral se ha concretado en un documento «muy elaborado y equilibrado», que es fruto de «mucho trabajo y diálogo» con los agentes sociales, y que beneficia tanto a los empresarios como a los asalariados.
El socialista insistió en que la propuesta aborda los cambios «más importantes» del mundo del trabajo, ya que apuesta al mismo tiempo por los empleados que solo han conocido «el horizonte de la precariedad» y por el incremento de la flexibilidad en las empresas cuando las circunstancias sean «difíciles».
A juicio del inquilino de Moncloa, la reforma mantiene además «básicamente» la red de derechos de los trabajadores y favorece las expectativas de aquellos que padecen un empleo precario. «Es una reforma que va en la dirección adecuada», resumió antes de añadir que favorece la movilidad con la incorporación del modelo austriaco, que contempla la creación de un fondo de capitalización para el trabajador que le aporta más posibilidades de movilidad y más expectativas de futuro.
De la misma forma, recoge parte del modelo alemán, con reducciones de jornada de entre el 10 por ciento y el 70 por ciento, para que las empresas puedan evitar en el futuro pérdidas de empleo utilizando dicha herramienta.
Tras el desencuentro del diálogo social, el jefe de la formación de Ferraz recordó que ahora toca realizar un esfuerzo de «diálogo parlamentario» para que la reforma tenga el «mayor respaldo posible» en el Congreso, porque tiene el «máximo valor» para las expectativas económicas en España. Aún así, reconoció que, por sí solos, los próximos cambios legales no producirán directamente nuevos puestos de trabajo.
En eso es, prácticamente, en lo único que coincide la visión de Rodríguez Zapatero con la de la CEOE, que ayer repitió que la propuesta del Ejecutivo no es «la adecuada», ya que no supone una «disminución real» del coste de despido para el empresario.
La patronal señaló en un comunicado que lo ofrecido por el Gobierno no servirá para mejorar la productividad, ni permitirá generar puestos de trabajo, ni siquiera aumentar la confianza de la sociedad, los organismos internacionales y los mercados.
Entre los motivos de su queja, la CEOE destacó prácticamente todo lo referente al despido, ya que, explicó, en el texto parece que el sector empresarial obtiene una disminución de ocho días en el coste de la extinción del contrato pero «esta no es la realidad», puesto que serán los empresarios los que financien el Fogasa para que el organismo pueda dicha parte de las indemnizaciones, por lo que son los que siguen pagando la totalidad del coste del despido.
Por su parte, el vicesecretario de Política Regional y Local del PP, Javier Arenas, garantizó que el principal partido de la oposición «dirá sí a reformas laborales que sirvan para generar empleo e incrementar la estabilidad laboral», aunque advirtió a Zapatero, que no aceptará «improvisaciones» ni «otro decretazo».
Mientras, la número tres del PSOE, Leire Pajín, criticó, sin citar a nadie pero en referencia a los populares, a los que se «alegran» de que no se haya conseguido un acuerdo con los agentes sociales para unos cambios «necesarios».
Desde Cataluña, el presidente de la Generalitat, el también socialista José Montilla, destacó la importancia de la reforma laboral y de las medidas del contención del déficit para mejorar el modelo productivo.
