Más de 300 agricultores y ganaderos segovianos reclamaron ayer en la calle una Política Agraria Común (PAC) “verdadera” y que reconozca los derechos de los trabajadores del campo. La manifestación, convocada por el sindicato UCCL Segovia, salió del Azoguejo al mediodía tras la pancarta “Esta crisis nos está arruinando, menos burocracia y más soluciones”.
Junto a un gran dispositivo policial, la marcha transcurrió sin incidentes por la calle Real hasta la Plaza Mayor. A lo largo del recorrido, acompañados del sonido de la dulzaina y el tamboril, los manifestantes expresaron su rechazo a la actual crisis del sector agrícola y al nulo apoyo de las administraciones con fuertes pitidos y lanzando petardos.
Ya en la Plaza Mayor de Segovia, el coordinador de UCCL Segovia, Eduardo Herguedas, agradeció a los manifestantes su participación en una protesta que se ha repetido en todas las capitales de las nueve provincias de Castilla y León, así como en varias ciudades de Valencia y Cataluña.
Herguedas explicó que las movilizaciones continuarán hasta el próximo 31 de mayo, cuando está previsto un encuentro de los ministros de Agricultura europeos en Mérida (Badajoz), con motivo de la presidencia española de la Unión Europea. La próxima manifestación será el 19 de mayo en Valladolid.
Eduardo Herguedas explicó que durante el año pasado la crisis se ha generalizado en todo el sector, con pérdidas desde 100 euros por hectárea, en cereales, hasta 1.000 euros por hectárea en patata. UCCL denuncia también la subida en torno al 20 por ciento en el precio de los fertilizantes, la energía eléctrica, el gasóleo y las semillas que están “padeciendo” también los agricultores, y la caída de los precios de la producción agraria, “a pesar de los acuerdos entre las organizaciones Asaja, Coag y Upa con el Ministerio y la Consejería de Agricultura”.
Agricultores y ganaderon piden una PAC “verdadera” más allá de 2013, basada, entre otros aspectos, en que: la totalidad de los recursos económicos procedan de los fondos comunitarios; la UE debe realizar un esfuerzo económico para que el presupuesto con destino a la PAC resulte suficiente; y se aboga porque, al menos, una parte importante del presupuesto comunitario en concepto de apoyos directos a los agricultores, tenga como únicos destinatarios los agricultores y ganaderos que ejercen la actividad agraria como principal.
El campo demanda también la aplicación en España de la decisión de la Comisión Europea sobre la autorización temporal del incremento del importe por explotación en concepto de régimen de ‘minimis’, que autoriza a los estados miembros a abonar a agricultores y ganaderos ayudas estatales de hasta 15.000 euros por explotación. También exige la necesidad de ajustar la fiscalidad agraria a la realidad del propio sector agrario, para estudiar la posibilidad de paralizar la entrada en vigor en 2 y 1 puntos del IVA general y reducido.
“Víctimas” del contexto gl0bal de crisis
La consejera de Agricultura de la Junta, Silvia Clemente, afirmó ayer que los agricultores y ganaderos de la Comunidad, tienen “razón” al manifestarse, por la crisis que están sufriendo fruto de la marcha general de la economía, “que lo impregna todo”. Clemente aseguró que estos profesionales “son víctimas” del contexto global, con precios por debajo de los costes de producción, lo que supone que pierden recursos y rentabilidad.
En este sentido, aseguró que la Junta “no tiene capacidad para resolver” esta situación y arremetió contra el Gobierno que dirige José Luis Rodríguez Zapatero, porque se comprometió con las organizaciones agrarias a finales del año pasado a poner en marcha un plan de choque y “no ha llegado ninguna medida decidida, ni ningún plan global que ayude al sector a capear la crisis”.
Frente a esta falta de compromiso del Ejecutivo central, Silvia Clemente defendió que la Junta de Castilla y León está haciendo “todo lo que está en su mano, pero no es suficiente para salir de la crisis”. Así, reseñó que en materia de vacuno de leche, se estableció una ayuda directa utilizando el máximo que permite la UE de 7.500 euros para los ‘minimis’, con 6,5 millones, y se pidió lo mismo al Gobierno, que no respondió. Asimismo, remarcó las partidas para la refinanciación de préstamos ganaderos, o el apoyo a crédito para los agricultores.
