La crisis económica y de empleo está obligando a muchos españoles a buscar puestos de trabajo dentro y fuera del país, una posibilidad que no se planteaban antes de que la nación entrara en recesión y empezara a dispararse su número de desocupados.
Lo cierto es que, en contra de lo que asegurara hace unos días el presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la CEOE, José Luis Feito, que «cantidad de trabajadores rechazan un contrato si implica un traslado, incluso de barrio a barrio», en una nación con 5,3 millones de parados, cifra que seguirá en aumento a lo largo de este año, las oportunidades laborales escasean y son muchos los que se ven obligados a mirar más dentro que fuera.
Numerosos estudios así lo acreditan y hay un dato que no deja lugar a dudas: por primera vez en la última década, en 2011 salieron más personas del país de las que entraron (507.740 frente a 417.523), una tendencia que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), proseguirá hasta 2020.
Un informe de Adecco señala, además, que 300.000 españoles han emigrado en busca de contrato por la situación del mercado laboral, el incremento continuado del desempleo o la alta calidad de ofertas de trabajo de naciones como Argentina, Francia o Alemania.
De acuerdo con este análisis, la mitad de los ciudadanos elige el continente europeo como destino, aunque también se buscan oportunidades en Estados latinoamericanos. Los que optan por abandonar el Estado suelen tener entre 25 y 35 años, sin responsabilidades familiares y con una elevada cualificación.
Otro estudio, en esta ocasión de Randstad, apunta que dos de cada tres nacionales de 18 a 25 años, en concreto el 65%, estaría dispuesto a cambiar de país para conseguir una ocupación.
También es elevado el porcentaje de trabajadores de 26 a 40 años que se mudarían a otro Estado por un empleo (61%). Según Randstad, entre los de 41 y 55 años, la mitad se iría fuera del país para conseguirlo, mientras que solo uno de cada cuatro con edades próximas a la jubilación cambiarían de nación por un contrato.
La movilidad laboral siempre ha sido una asignatura pendiente de la economía nacional, pese a que Feito, en nombre de la CEOE, también planteara que los parados pudieran dejar de cobrar la prestación en el momento en que rechazaran la primera oferta de trabajo, «como si el contrato fuera en Laponia», a lo que le contestó el Gobierno que en modo alguno modificaría el actual sistema de protección, pese a tales pretensiones. Prueba de ello es que la movilidad laboral interprovincial se situó a finales de 2008 en el 12,5%, apenas unas décimas por encima de la de 2007, en tanto que la tasa interautonómica subió una única décima, hasta el 8,2%.
De acuerdo con los últimos datos de migraciones interiores del INE, en 2010 se produjeron 583.695 traslados en el interior del país, un 1% menos que en 2009. El saldo interautonómico (diferencia entre los que vuelven y los que van) fue negativo en ocho comunidades en 2010, especialmente en Canarias y Andalucía, regiones que vieron marchar más población de la que recibieron.
Por otra parte, la reforma laboral recientemente aprobada por el Gobierno incluye medidas para favorecer tanto la movilidad laboral funcional como geográfica. Así, la norma posibilita que las empresas puedan trasladar de zona a sus trabajadores por razones técnicas, económicas, organizativas o de producción, considerando como tales las relacionadas con la competitividad, la productividad o la organización del trabajo.
La decisión del empresario de desplazar al empleado deberá comunicarse con al menos 30 días de antelación al trabajador, y en caso de no aceptar el cambio, el empleado debería abandonar la compañía con una indemnización por despido de 20 días por año trabajado, con un año de salario como máximo.
