La propuesta de la Comisión Europea sobre la nueva Política Agraria Común (PAC) no ha satisfecho ni al Ejecutivo autonómico ni al central. Así, mientras la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, denunció ayer que «detrae fondos para España y ahoga a la agricultura productiva», la ministra del ramo, Rosa Aguilar se mostró «decepcionada» y abogó por «casi una enmienda a la totalidad».
La consejera explicó que la solución pasa por plantear una «batalla dura desde España» en el proceso de debate y en buscar alianzas con países con fuerte sector agrario, como Francia y Alemania. Clemente precisó que la política de pagos directos de ‘tarifa plana’ que se propone no ayuda a los agricultores más productivos. «No se puede aplicar la táctica del café para todos», denunció, para criticar que, además, se establezca un importe adicional por hectárea en función de prácticas ambientales -del 30 por ciento- cuando éstas son en algunos casos difíciles de cumplir e, incluso, van contra la productividad en determinados cultivos. En este punto, invitó al comisario a conocer la realidad de los cultivos en España, antes de plantear unas propuestas de este calado.
En cuanto a la definición de ‘agricultor activo’ la calificó de «ridícula». No se puede excluir a los agricultores que recibieron menos de 5.000 euros en pagos directos el año anterior, cuando esta situación afecta al 82 por ciento de los agricultores de Europa que reciben ayudas y al 50 por ciento en Castilla y León. «No tiene ningún valor, como tampoco lo tienen las propuestas de apoyo a la incorporación de jóvenes».
«Líneas rojas»
Por su parte, Aguilar marcó las «líneas rojas» del Gobierno, sobre las que mantendrá una firme posición frente a la Unión Europea. En este punto, hizo referencia al modelo de pagos directos, el ‘greening’, la convergencia entre los estados miembros y la redistribución de las ayudas dentro de cada uno de ellos, las medidas de competitividad y de mercado y el desarrollo rural. Para el Gobierno, el asunto de mayor transcendencia es el nuevo esquema de pagos directos que sufre un cambio sustancial en cuanto a la determinación de su cuantía. Ese modelo implicaría llegar a un pago uniforme en cada estado miembro o región antes de 2020, lo que supondría un abandono de las referencias históricas utilizadas por muchos estados al final del periodo. Aguilar rechazó de plano tal opción.
También criticó el concepto de agricultor ‘activo’ al considerar que se trata de «un manifiesto desastre» que no se puede permitir, ya que supone la exclusión de la misma a los agricultores que se dedican al cien por cien a la agricultura, pero que no reciben ayudas directas de la PAC.
