El último informe publicado por el Consejo de Cuentas de Castilla y León, correspondiente al análisis del presupuesto de la Comunidad para 2021, recomienda al Gobierno autonómico “extremar los controles sobre los avales vencidos cuyos avalados se encuentren en concurso de acreedores”, además de disponer de un reglamento para tramitar modificaciones presupuestarias que afecten a dos o más entidades.
Son dos de las ocho recomendaciones presentadas ayer ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León por el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, quien ha incidido en que ese 2021 estuvo marcado por la pandemia de la covid.
El resto de las recomendaciones dirigidas a la Junta para elaborar las Cuentas, algo en lo que está en plena tarea para el Presupuesto de 2024, han sido las de tener en cuenta el importe de los gastos pendientes de imputar de ejercicios anteriores, que la Gerencia Regional de Salud justifique los expedientes de gastos de personal y regule el procedimiento de confección de las nóminas.
En plazo y sin incidencias
En términos generales, Amilivia ha explicado que la Cuenta correspondiente a 2021 se rindió en plazo y sin incidencias significativas, tampoco en cinco entes públicos analizados, cuyo análisis ha logrado el calificativo de “favorable”, mientras que en el caso del Consorcio del Palacio de Congresos de Castilla y León, en Salamanca, obtuvieron opinión “desfavorable”, y en otros dos -fundaciones de Supercomputación Castilla y León y Fundación Patrimonio Natural- no fueron rendidas en plazo.
Por otro lado, las cuentas de la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA) fueron presentadas sin aprobación, aunque posteriormente fueron reformuladas con una opinión favorable en su informe de auditoría.
En cuanto a los ingresos del sistema de financiación, Amilivia ha explicado que estos representan una media del 70 por ciento de los ingresos de la Junta de Castilla y León en los últimos cuatro años y del 64 por ciento del total de los ingresos de la Cuenta General consolidada.
El ejercicio 2019 fue en el que el sistema de financiación resultó más representativo de los últimos cinco años. En 2021, con una cuantía de 7.483 millones de euros, estos ingresos descendieron respecto a 2020, aunque el impacto de la financiación recibida por la pandemia se extendió también al ejercicio fiscalizado (2021).
En relación con la Gerencia Regional de Salud, en los años 2020 y 2021 se incrementaron los créditos, lo que ha permitido que se imputen a presupuesto corriente tanto los gastos generados en estos ejercicios, como los correspondientes a ejercicios anteriores que habían quedado pendientes de imputar por falta de crédito, lo que permitió pagar deudas anteriores y sanear la caja de Sacyl.
