El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, anunció ayer tres nuevos beneficios fiscales que se aprobarán con las cuentas del año que viene, a través de la ley de acompañamiento, cuyo anteproyecto fue remitido ayer al Consejo Económico y Social, para recabar su informe preceptivo. Las mejoras irán dirigidas a potenciar la actividad industrial y agraria así como la natalidad.
actividad industrial
Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, precisó que la primera rebaja está dirigida a favorecer la actividad industrial de autónomos y empresas, con una reducción a la mitad del pago por operaciones que se formalicen en escritura pública en el medio urbano o rural sobre suelo industrial y terciario (agrupación, agregación, segregación y división de parcelas) en el impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
Bonificación transmisiones
El segundo es la extensión a todos los agricultores en alta en la Seguridad Social y a todo tipo de explotaciones agrarias, de la bonificación del 100 por ciento de la cuota sobre Transmisiones Patrimoniales, por arrendamiento de fincas rústicas, con el reto de favorecer la continuidad de esta actividad. Antes estaba dirigida solo a agricultores profesionales y explotaciones prioritarias.
Deducción por nacimiento
El tercer nuevo beneficio extiende a casi 130 entidades locales menores de municipios de más de 5.000 habitantes la deducción del 40 por ciento por nacimiento o adopción que ahora estaba establecida para localidades de inferior población.
Carriedo destacó que esta es la “cuarta rebaja tributaria” que aprueban desde 2021, tras la eliminación de Sucesiones; la rebaja general del IRPF de 2022, y el impulso del acceso a la vivienda rural joven de este año.
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz remarcó que junto a las nuevas ventajas, la Junta mantendrá todas las anteriores deducciones fiscales que “seguirán plenamente vigentes”.
Comentó que además de las medidas tributarias, se recogen otras relativas a la inclusión de la categoría de investigador en ciencias de la salud; sobre el régimen jurídico de bienes comunales de entidades locales; y sobre políticas de fomento de la Comunidad para impulsar medidas de dinamización demográfica, social y económica en los pequeños municipios, entre otras.
Fernández Carriedo constató que las cuentas se presentarán en “lo que tarden” en elaborar primero el CES su informe, por trámite de urgencia, y después el Consejo Consultivo, con lo que se iniciará 2024 con las grandes cifras de 2023 prorrogadas. Carriedo defendió que será una rebaja de tributos “ajustada” a los datos comunicados esta semana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ayudará a los nuevos emprendedores así como a las familias que quieran tener hijos en el medio rural.
El consejero aprovechó de nuevo para cargar contra el Gobierno y el acuerdo con Cataluña para negociar de forma bilateral la financiación y espetó que le hubiese gustado saber que le iban a perdonar 15.000 millones para poder haber adelantado las fechas de aprobación de los presupuestos. Con todo, insistió en que en la misma semana en que han conocido las entregas a cuenta del modelo de financiación y las liquidaciones, han remitido al CES la normativa de acompañamiento. “Lo importante es que sea una buena ley”, remarcó, un presupuesto “con bases sólidas” y “elementos de referencia”.
El consejero destacó su apuesta por mejorar los servicios y las condiciones de los empleados públicos de la Comunidad, y argumentó que dependerá de “cómo evolucione el sistema de financiación autonómica”. “No somos la autonomía mejor financiada pero si la que mejores servicios presta”.
