La Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria (Aspes) participa por segunda vez en Segovia en el proceso de elecciones sindicales en el sector de Enseñanza con la confianza de afianzar la representación que logró en el cita de hace cuatro años y que le dio la entrada en la junta provincial de personal docente no universitario con dos delegados.
Alberto Gómez Nieva que ocupa el primer puesto en la lista de candidatos de Aspes explicó ayer en rueda de prensa que de las cerca de 2.450 personas que tienen derecho a voto en la elecciones que tendrán lugar el día 2 de diciembre, más de 1.100 son profesores de Secundaria en institutos, centros de enseñanzas especiales, CEOs, centros de adultos,.. a los que aspiran a representar. Para esta asociación profesional la magnitud del colectivo de docentes en Enseñanzas Medias, que representa el 45% del censo electoral en Segovia, y la particularidad de su problemática profesional, hace necesario la creación de una junta de personal específica para profesores de Secundaria. Gómez Nieva entiende que esta separación en los órganos de representación con los docentes de Infantil y Primaria sería tan comprensible como la existente con el nivel universitario.
Aspes se presenta como una asociación profesional que defiende la enseñanza pública y se financia solo con las cuotas de sus socios, según remarcó el delegado provincial Alberto Gómez Nieva.
Para esta organización tanto el Ministerio de Educación como la Consejería de esta rama caen en “demagogia” porque mantienen una gran distancia entre las teorías que pregonan y la praxis que ejecutan, por lo que pide mayor coherencia.
Aspes reclama a la Administración central una ley consensuada con los grandes partidos y un pacto de Estado que dé estabilidad a la normativa educativa y libre a este servicio básico de recortes económicos. A la Junta de Castilla y León Aspes reprocha que mientras en las evaluaciones y diagnósticos de resultados educativos la comunidad ocupa el primer puesto, en el trato a sus trabajadores y en la aplicación de derechos laborales se sitúa en los últimos. Aspes se muestra contraria a que con dinero público se dote a centros concertados para que estos paguen mejor que en la pública a los jefes de departamento o abonen 12.000 euros a los profesores que cumplen 25 años de actividad mientras la Junta se limita a dar una insignia a sus funcionarios.
