El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea considera que el futuro marco de la Política Agrícola Común (PAC) podría suponer una “carga administrativa excesiva” para los agricultores, y pone en duda que los pagos directos se dirijan exclusivamente a aquellos que trabajan en el sector. En concreto, en un informe cuestiona la definición de “agricultor en activo” que propuso la Comisión, según la cuál se considerará beneficiario de ayudas a todo aquel que demuestre que al menos el cinco por ciento de sus ingresos totales provienen de la actividad agrícola.
En ese sentido, el Tribunal de Cuentas considera que este criterio “no impedirá” que las personas que no ejercen -o lo hacen de manera marginal- una actividad agraria, se beneficien de los pagos directos. Hace además hincapié en la “dificultad” para “aplicar y controlar” este criterio, especialmente en lo que concierne a la coordinación de las disposiciones nacionales sobre confidencialidad fiscal.
Tampoco ve claro la excepción de limitar los pagos a aquellos beneficiarios que recibieron menos de 5.000 euros en concepto de ayudas directas el año anterior. Aunque reconoce que el umbral “tiene como finalidad evitar que los pequeños agricultores a tiempo parcial queden excluidos del régimen”, el Tribunal estima que, “incluso en los importes inferiores a 5.000 euros, debe prestarse atención a no otorgar ayudas a los beneficiarios que declaren zonas mantenidas naturalmente en un estado adecuado para pastos o cultivo sin estar obligados a llevar a cabo la actividad mínima exigida en ellas”.
Calcula que la excepción a las normas “afectaría a alrededor del 74 por ciento de los beneficiarios” y advierte de que los “clubes deportivos o aeropuertos” que reciban menos de 5.000 euros, seguirán percibiendo la ayuda de las arcas comunitarias. Además, estima que el objetivo de la Comisión de dirigir las subvenciones de la PAC a los denominados “agricultores activos”, puede resultar “extremadamente difícil” de aplicar sin que suponga “una carga administrativa excesiva” tanto para las autoridades de gestión como para los propios agricultores. Por ello, sugiere adoptar una definición “simple y general” de este concepto.
Propone en este sentido considerar agricultor activo a “una persona (o entidad) reconocida como tal por un organismo público” y excluir de las ayudas directas, por el contrario, a “una persona física o jurídica cuyas actividades agrarias representen solo una parte insignificante del conjunto de sus actividades económicas o cuyos objetivos principales comerciales o empresariales no sean el ejercicio de una actividad agraria”.
De esta forma, pretende evitar que los denominados “agricultores de sofá”, es decir, propietarios de campos de golf o importantes extensiones de terreno privado, fincas o cotos de caza, sigan recibiendo subvenciones públicas. El informe del Tribunal valora no obstante el régimen para pequeños agricultores que prevé la futura PAC, al considerar que “representa una simplificación que será beneficiosa desde el punto de vista administrativo”.
Porcentaje de ecologización. Por otra parte, considera que “no se han definido de forma adecuada” los objetivos y resultados que pretende conseguir la Comisión Europea aplicando el componente de “ecologización” de los pagos directos, con el que pretende premiar a los agricultores con hasta el 30 por ciento de las ayudas si aplican medidas cuidadosas con el medio ambiente. “La presentación de estos elementos contribuiría a orientar y centrar la política en la obtención de los resultados previstas”, reza el texto.
En cuanto a las producciones específicas, el informe critica que se prevén “enfoques diferentes” para los sectores de la leche y del azúcar, según los cuales el Estado miembro puede decidir si la entrega de leche cruda de un ganadero a un transformador se realizará a través de un contrato escrito, mientras que las condiciones de compra de la remolacha azucarera y la caña de azúcar “se regirán obligatoriamente por acuerdos escritos”.
Aunque el Tribunal reconoce los esfuerzos que ha realizado la Comisión para simplificar las disposiciones de la PAC, estima que el marco legislativo de la política “sigue siendo demasiado complejo”. Se critica además que pese a la “alegada atención a los resultados, la política sigue estando basada esencialmente en los gastos y en el control del gasto”, es decir, orientada “al cumplimiento más que al rendimiento”.
