A la sombra de la Política Agrícola Común, el campo español ha recibido en los últimos años más de 5.000 millones de euros en pagos directos, otros 700 en medidas para apoyar a los mercados y cerca de otros 1.000 millones para desarrollo rural. En total, se podría hablar de una media de más de 6.500 que han sido definitivos para el mantenimiento de la rentas, al suponer una parte muy importante de los ingresos de una serie de sectores de la agricultura y la ganadería.
Frente a los duros ajustes que se vienen repitiendo, tanto bajo el mandato de los socialistas como de los populares, en la parte positiva se puede decir que Bruselas no ha incrementado, pero sí ha mantenido los fondos a pesar de la crisis y que, a partir de 2015, con la nueva reforma, es probable un ligero ajuste a la baja de esos pagos en relación con los percibidos en los últimos años.
De la UE siempre se puede esperar más. Pero, no se puede olvidar que España es hoy, y se mantiene ya en esta posición con las diferentes reformas, el segundo país perceptor de los fondos comunitarios, solo por detrás de Francia y que, según los datos manejados por la Administración, lo va a seguir siendo en el futuro después de 2015.
Esta sería la parte positiva de la aplicación de la PAC. Hay también una negativa, que se debería corregir, y que se podría concretar en dos cuestiones: la primera, el proceso seguido en los últimos años para el desmantelamiento de los mecanismos para la regulación de los mercados, desde la eliminación de los precios institucionales a las políticas de compras en intervención o la eliminación de apoyos para muchas exportaciones. La segunda, el desarrollo de una política marcada por la inestabilidad, lo que, en muchos supone una carga de interrogantes en el sector a la hora de hacer una programación a medio plazo de la actividad en la explotación.
Cambios constantes. Esta situación de inestabilidad en los ejes de la política agraria viene determinada, en primer lugar, por los cambios constantes en la PAC. En la década de los 90 se pusieron en marcha los primeros cambios en la línea de rebajar los precios institucionales hasta llegar prácticamente a su eliminación, para establecer en su lugar costes más bajos con ayudas o pagos directos compensatorios para una parte importante de los sectores. Esa filosofía se ratificó más tarde con la llamada Agencia 2000, a la que siguió la revisión en 2003, el chequeo médico en 2008, para acabar con la próxima reforma de 2015, donde los viejos mecanismos ya consolidados de ayuda por derechos históricos se van a sustituir por ayudas por hectárea, con el objetivo de llegar a un pago de convergencia hacia la equiparación de los mismos en un país y en una segunda fase en toda la UE.
Hoy, ante este tipo de procesos, no es extraño que las preguntas más habituales en el medio agrario sean si van a seguir las ayudas, si se acaba la PAC o cómo será el futuro a partir de 2015.
A falta de muchas negociaciones para su cierre, se puede decir que no deberían existir motivos de preocupación a poco que se mantenga el presupuesto comunitario en los niveles actuales para la cosa agraria y mucho más ante la decidida voluntad de la Administración española de que los ajustes en los pagos no supongan nunca cambios que pongan en peligro la viabilidad de las explotaciones. En otras palabras, que quienes hoy cobran 100 puedan bajar sus ingresos, en el peor de los casos a 95 en un período de varios años, y que quienes cobran 50 puedan subir hasta los 55.
Al margen de esa inseguridad que provoca la reforma con los sucesivos cambios a la hora de apostar por invertir en una actividad agraria, esa inseguridad se va a plasmar también en dos sectores importantes como la leche y la viticultura. En el primer caso, desde su implantación en 1986, las cuotas han sido el eje en la actividad productiva. Como un derecho para producir, en las últimas décadas ha funcionado el mercado de las de cuotas con precios que han sido muy variables en función de cada momento de la producción, donde unos ganaderos obtuvieron buenos ingresos con la venta de las mismas y otros hicieron importantes inversiones para poder producir sin tasas. A medio plazo todo parece confirmar que desaparecerán las cuotas, ya que su mantenimiento solo lo defienden España, Portugal y Polonia, por lo que su valor en el mercado se va a quedar en cero. En España tampoco tiene ya hoy valor al existir exceso de cuota.
El segundo ejemplo afecta a los derechos para las plantaciones de viñedo, que eran como un tesoro para quienes dispusieran de los mismos. En los últimos años se han comercializado en un mercado donde se pagaron precios desde los tres euros por hectárea, hasta cifras superiores a los 15.000 euros por parte de viticultores y grupos bodegueros. La posibilidad de su eliminación desde 2016 y que, en su lugar, Bruselas ponga en marcha un sistema de autorizaciones de plantaciones desde las propias Administraciones, supondrá el final para los derechos y ese patrimonio que sobre el papel suponían los mismos.
Un tercer ejemplo se podría concretar en el sector de la remolacha azucarera, aunque en este caso las cuotas asignadas a cada país a través de las industrias parece que tienen todos los visos de seguir hasta el año 2020.
Fuera de estos ámbitos, en esa línea de cambios permanentes en el marco de la Política Agrícola Común, no se puede garantizar que mañana la Unión Europea no tire igualmente por la borda otros patrimonios de una explotación basados en derechos ganaderos.
