Casi 50.000 personas se han interesado ya por la Renta Garantizada de Ciudadanía, una prestación autonómica que cumple seis meses de vida. Su entrada en vigor el 1 de enero ha hecho que las consultas de información se hayan disparado puesto que en las primeras semanas de enero sólo se contabilizaban unas 4.000, lo que da muestra del interés suscitado entre la población por este subsidio que pretende garantizar unas condiciones mínimas de vida mediante una ayuda básica de 426 euros.
Según la información facilitada la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades hasta el 1 de julio de este año, 49.474 personas habían levantado el teléfono y habían acudido a los servicios de la Junta de Castilla y León en las nueve provincias en busca de información sobre la Renta Garantizada de Ciudadanía. Desde que se abriera el periodo de información a finales del pasado año, 44.842 optaron por la atención presencial y 4.632 por la telefónica.
Por tanto, más del 90,6 por ciento de las personas interesadas en esta prestación autonómica fueron informadas de forma presencial y sólo un 9,4 por ciento por teléfono. La distribución por provincias no es homogénea. Destaca la provincia de Valladolid, que acapara el 28,6 por ciento de las consultas (14.187). Se trata, por tanto, de la provincia donde la Renta Garantizada de Ciudadanía despierta más interés de la Comunidad.
En cuanto a las cuantías de la prestación, la básica establecida para la Renta Garantizada de Ciudadanía alcanza el 80 por ciento (426,01 euros) del Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples (Iprem), frente al 75 por ciento que tenía fijado el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI). La cuantía máxima asciende al 130 por ciento del Iprem (692,26 euros mensuales), frente al límite máximo del 100 por cien del IMI (532 euros). Los nuevos perceptores cobran de media 75 euros mensuales más que los del IMI.
El presupuesto inicial asignado a la Renta Garantizada de Ciudadanía en las cuentas generales de la Comunidad para 2011 asciende a los 27 millones de euros, aunque se trata de un crédito ampliable. No obstante, la memoria económica de la prestación incluye un documento sobre la evolución de la última década del IMI, es decir, con una previsión de 5.000 ó 6.000 perceptores anuales.
