El agua es un bien esencial para el funcionamiento de los seres humanos, la biodiversidad, el medio ambiente y todos los elementos vivos del planeta.
Durante los últimos años la gestión del agua por parte de los partidos de siempre es un auténtico despropósito.
Ahora el Gobierno pretende derribar la presa de Valdecaballeros para dejar sin agua a una comarca que vive de la ganadería.
Un sector que en la última década ha perdido más de 170.000 granjas, que ha supuesto la desaparición de la ganadería social y familiar del país, y que si ya, de por sí, están en una situación muy delicada por la subida de los precios- 800 granjas de vacuno de leche echaron el cierre en 2022- ahora, pretenden dejarles sin agua.
Porque mientras Sánchez recorta caudal para el trasvase del Tajo-Segura dejando a las regiones de Alicante y Murcia con la más que previsible pérdida de 6.300 empleos directos en Alicante y 9.000 en Murcia, regala 5 millones de euros a Marruecos para potabilizar agua mientras se lo niega a los murcianos.
Por ello, el derribo de la presa de Valdecaballeros es un auténtico atropello a los vecinos de las comarcas de Tentudia y Llerena.
La realidad es que España lidera la lista europea de demolición de presas, represas y azudes. En concreto, casi 300 en los últimos 3 años, y lo hace además en los años de alarmante sequía. Un sin sentido que tiene su explicación.
El Ministerio de Transición Ecológica, ese que no permite explotar y explorar nuestros propios recursos, en el plan de Estrategia Nacional para la Recuperación de los Ríos 2022-2030, contempla una inversión de 2.500 millones de euros, dicen, para impulsar la recuperación de 3.000 kilómetros de tramos fluviales y cumplir así con lo establecido en la Directiva Marco del Agua. Y claro, no es que pensemos mal, hay que gastarlos, aunque sea a costa de nuestros ganaderos, agricultores, y regantes.
El agua se está convirtiendo en un bien de lujo por culpa de las políticas de los últimos 40 años. La propia ley de aguas de 1985 limitaba a determinar la existencia del derecho a la utilización del recurso hidráulico (pozo) salvo autorización, excepto que la construcción fuese anterior a 1986, porque las aguas subterráneas que antes eran del dueño de la finca pasó a ser del Estado.
Hoy el agua embotellada es un negocio en continuo crecimiento. Hemos pasado de consumir en el año 2000 1.453 millones de litros a 3.042 millones de litros en 2021, es decir, prácticamente el doble. Eso significa que las medidas impulsadas por los distintos gobiernos en los últimos años han llevado a los hogares españoles a consumir agua embotellada en vez de la del grifo. Con el consiguiente coste añadido del pago de la lectura del contador y la embotellada.
En definitiva, un sin sentido que VOX lleva denunciando desde el principio, apostando por un plan nacional del agua que pasa por el trasvase del Ebro, la paralización de la demolición de presas y centrales hidraúlicas, así como poner fin al vaciado de los embalses y la mejor gestión del agua que se echa al mar.
Porque VOX dice lo mismo en todos los sitios, otros, sin embargo, no pueden decir lo mismo, porque mientras el PP en Aragón dice no al trasvase del Ebro, en Murcia sus compañeros dicen lo contrario.
Lo mismo ocurre con los regantes de Doñana y la proposición que VOX hizo y que el PP presentó. Eso hasta que un medio progre lo criticó, porque eso ha provocado que se arrepientan. La realidad es que el PP es incapaz de defender nada y lo hemos visto en Doñana.
Por el contrario, VOX seguirá trabajando por el bien común de todos los españoles vivan donde vivan, para que el agua llegue a todos los rincones de la nación.
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(*) Diputado Nacional de VOX por Segovia.
