En víspera de elecciones, los escándalos de corrupción valen doble. Quizás por ello el PP ha encontrado una mina en Andalucía con el caso Mercasevilla. Así, ayer decidió ampliar, con la petición de cinco comparecencias, la ofensiva que ha puesto en marcha en el Congreso para exigir al Gobierno explicaciones sobre las supuestas irregularidades cometidas en ERE autorizados por la Junta. En concreto, quieren que acudan a la Cámara los vicepresidentes segundo y tercero del Gobierno, Elena Salgado y Manuel Chaves; el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez; y los presidentes de Mercasa, Ignacio Cruz, y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ignacio Ruiz Jarabo.
Así lo anunció la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, quien consideró que este turbio asunto puede ser «el mayor fraude de las últimos tiempos», no solo porque se está hablando de un fondo de reptiles de 750 millones de euros, sino porque, además, tiene el «agravante» de que ese dinero tenía como destinatarios a personas desempleadas.
El PP, que hoy interrogará sobre esta cuestión en el Pleno del Congreso a Chaves y Valeriano Gómez, reclama, además, que el vicepresidente tercero comparezca en comisión para explicar qué controles de legalidad se tendrían que haber llevado a cabo desde su Ministerio para evitar el presunto fraude, y que el titular de Trabajo detalle cómo fueron las inspecciones.
Pero los populares también quieren recabar la versión de Salgado, por lo que pidieron su comparecencia para que deje claro si su departamento inició algún tipo de actuación tras conocerse este asunto, dado que Mercasevilla está participada por Mercasa que, a su vez pertenece al grupo SEPI. De la misma manera, pidieron explicaciones a los responsables de estas dos últimas entidades.
Para el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, lo que se conoce hasta ahora es «la punta del iceberg», ya que no saben «dónde termina esto», puesto que está «empezando» y se parte de «los 37 intrusos» reconocidos por la Junta.
Desde el Gobierno central, el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, pidió al bloque conservador que «no mienta, no difame y no calumnie». Y es que no le sentó muy bien que la senadora del PP Beatriz Escudero mostrara la preocupación de su grupo porque éste sea responsable de la Función Pública porque, «con sus antecedentes», es como «poner el zorro a cuidar de las gallinas». La respuesta de su sucesor al frente de la Comunidad Andaluza, José Antonio Griñán, que fue consejero de Economía cuando comenzaron a darse las irregularidades, fue muy elocuente: silencio.
Más contundente se mostró el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, que garantizó que su partido «sancionará durísimamente» a los militantes que estén involucradas en el caso de los expedientes de regulación de empleo en Andalucía, una actitud que contrapuso con el apoyo del PP a Francisco Camps. La estrategia del Y tú más sigue aún vigente.
