El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha mantenido en las últimas semanas reuniones con la mayor parte de las siglas que tienen alguna relación con la actividad agraria y agroalimentaria para hablar sobre lo que será la política que se pretende desarrollar en la actual legislatura que, como en el resto de los departamentos, estará marcada por un ajuste en las disponibilidades financieras. En el caso de Agricultura, el recorte de fondos procedentes de la Administración española superará el 15% para este período, con una rebaja de 401 millones de euros sobre los 2.574 millones disponibles en el ejercicio anterior.
Se trata de una disminución importante que, previsiblemente, supondrá una reducción de actividad y hasta el bloqueo en una serie de actuaciones como las mejoras en las infraestructuras de riego o en la aplicación de la Ley de Desarrollo Rural, cuestiones ambas de vital importancia para el sector desde la doble perspectiva, de la competitividad y de la desertización del medio. Sin embargo, son unos recortes que no tienen por qué paralizar lo que será el desarrollo de otra política con la que se puede mejorar la rentabilidad de la actividad.
Personal experimentado
Está por ver lo que da de sí la segunda parte de Arias Cañete como ministro. Pero, por el momento, todos los síntomas apuntan a la existencia de una voluntad decidida de que eso funcione superando los siete años precedentes, primero por las indecisiones de Elena Espinosa y finalmente con el desorden total de Rosa Aguilar.
En relación con la política que plantea, cabría señalar que, desde un primer momento, está diferenciando muy claramente las competencias de Medio Ambiente y las de Agricultura. Lo que el actual mandatario conoce en profundidad es el sector agrario, y es ahí donde se supone que va a estar más directamente implicado.
Una segunda nota a destacar son los nombramientos. Lejos de lo que se podía esperar, si nos atenemos al pasado, Arias Cañete ha hecho una apuesta por rodearse de personal con un buen conocimiento de la Administración, manteniendo en puestos importantes a personas que se ya estaban antes.
A la espera de los más importantes, cabría destacar el mantenimiento para un puesto asesor en temas comunitarios de Alicia Villauriz, una gran profesional que fue secretaria general de Agricultura con los socialistas y que Rosa Aguilar la enviara a galeras en pesca, de lo no tenía ni idea, para colocar en su lugar a un amigo de IU. Mantiene en su puesto al presidente del FEGA, Fernando Miranda, donde ha dado muestras de eficiencia. Coloca a Fernando Burgaz, anterior responsable de los seguros agrarios como director general de Industria Alimentaria, y a Begoña Nieto como directora general de Medio Rural.
Estos nombres serían la mejor prueba de que el objetivo de la gestión en el departamento es que la misma funcione y que lo haga, con gente conocedora y válida, en lugar de acudir a astronautas ni personas impuestas simplemente por razones políticas.
A partir de ese ajuste de fondos y con esos mimbres de cargos, Arias Cañete ha puesto sobre la mesa solo unos pocos objetivos para el desarrollo de sus nuevas medidas, pero que pueden ser decisivos para lograr ese cambio por el que el sector viene luchando desde hace décadas.
No perder recursos
Un primer reto obligado es el debate sobre la reforma de la Política Agrícola Común. España pretende no perder recursos en relación con la situación anterior. Es preciso cambiar algunas propuestas como la definición de agricultor activo para que favorezca a los profesionales. El ministro ya se ha personado en Bruselas, si bien hay que ser conscientes de que los cambios no pueden venir solo por la postura de un país, y que se impone la negociación y los pactos.
Un segundo objetivo es la apuesta de la internacionalización a través de las exportaciones. Hoy, las ventas son el principal motor para sectores estratégicos como el aceite, el vino, las frutas y las hortalizas. Reformar esa posición es dar aire a la actividad, más producción y mejores precios.
El tercer reto del Ministerio que dirige Arias Cañete es la mejora de una cadena alimentaria donde la parte que recibe el agricultor por su producto va perdiendo peso día a día, mientras, tanto la industria como la distribución, se llevan la cabeza del león. Se trata de un cambio totalmente necesario para la mejora de las rentas agrarias, que no requiere dinero, sino simplemente que se produzca un acuerdo político para regular y dar un mayor equilibrio a los intereses que se dan cita en la cadena alimentaria.
Finalmente, un cuarto eje que se propone desde Agricultura tampoco requiere grandes inversiones, sino simplemente una mayor coordinación del actual potencial del sector para proceder a una concentración de la oferta para negociar la venta desde una posición de mayor fuerza. Hay en España más de 3.000 cooperativas, pero a veces, parece como si solo hubiera una docena.
Es fundamental que, a partir de esas estructuras, se desarrollen unas medidas de concentración de la oferta, un viejo objetivo que ya huele. Y si no son capaces por la existencia en muchos casos de unas estructuras anquilosadas que no quieren cambiar y hasta en ocasiones enfrentadas, que se pongan sobre la mesa otras fórmulas similares.
La mejora de las rentas agrarias tiene mucho que ver con los sistemas de compra de los medios de producción y de la venta de sus productos. Esta legislatura sería histórica si se lograse avanzar en esa dirección.
