La mayoría absoluta que el PP tiene en la Diputación Provincial le permitió aprobar en solitario en el pleno del viernes una moción por la que muestra su apoyo a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 31 de diciembre de 2013. Por otro lado, el pleno rechazó, de nuevo con la mayoría del PP, una moción planteada por el PSOE, sobre la misma cuestión, pero en sentido contrario, por la que pedía el respaldo de la Diputación a la presentación del “conflicto en defensa de la autonomía local”, una herramienta creada por la mayor parte de los partidos políticos a nivel nacional, para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra dicha ley.
Los portavoces en la Diputación de PP y PSOE protagonizaron un debate intenso, en el que cada uno se encargó de destacar los beneficios y perjuicios, respectivamente, de la nueva norma. Mientras que los populares consideran que la ley clarifica las competencias para evitar duplicidades con las de otras administraciones públicas, los socialistas afirman que lesiona la garantía constitucional de la autonomía local, debido al desapoderamiento competencial de los municipios con vulneración de la garantía constitucional de la autonomía local.
En opinión del PP, racionaliza la estructura organizativa de la Administración Local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, fortaleciendo el papel de las diputaciones provinciales, a fin de generar un modelo de cooperación interterritorial que valore y actualice el papel del municipalismo. Desde el PSOE aseguran que la inclusión de mecanismos de tutela, condicionantes y controles en la ley vulnera la garantía constitucional de la autonomía local. Para los primeros, la nueva norma garantiza un control financiero y presupuestario, y favorece la iniciativa económica como elemento de impulso a la recuperación de la actividad económica del país. Por su parte, la oposición critica que vulnera el principio democrático en el ámbito local, y destaca que el propio Consejo de Estado, en su informe previo, puso de manifiesto que existían aspectos de dicho texto que eran contrarios a la autonomía local.
Finalmente, ante la falta de acuerdo, se procedió a la votación, y al igual que en el ámbito nacional, la mayoría absoluta del grupo popular aprobó el apoyo de la Diputación Provincial de Segovia a la nueva ley de reforma de la administración local.
