Los gobiernos de Castilla y León y de Madrid mantienen su intención de que la estación invernal de Navacerrada continúe abierta. Su postura es contraria a la del Ministerio de Transición Ecológica, que ya ha empezado a desmontar algunas instalaciones.
Tanto los gobernantes madrileños como los de Castilla y León defienden la reapertura de la estación. Argumentan que una instalación de esquí reporta beneficios económicos y sociales para los pueblos del entorno, y en este caso, es compatible con el respeto al medio ambiente. El Ministerio, por contra, aduce que una estación de esquí no encaja dentro de un Parque Nacional como es el de Navacerrada.
De hecho, el Ministerio ya ha comenzado a desmantelar parte de las instalaciones de esquí. Está llevando a cabo lo que denomina ‘programa piloto para la activación económica sostenible de los municipios del entorno del Puerto de Navacerrada”. La primera etapa ha consistido en eliminar los viejos remontes de esquí en desuso en Guarramillas y Pinar de Valsaín. Y ha seguido con la anulación de la toma de agua del arroyo El Telégrafo, que sirve para la inivación artificial de algunas pistas.
Pero ante estos hechos consumados por parte del Ministerio, la próxima temporada de esquí se encuentra pendiente de que resuelva el Tribunal Superior de Justicia, con sede en Burgos, el conflicto que se abrió el año pasado. La empresa adjudicataria de la explotación, Puerto de Navacerrada S.A. solicitó una prórroga al entender que durante dos años no había podido llevar a cabo la actividad, debido a la pandemia de la Covid.
El asunto se enredó entre las administraciones a la hora de resolver cuál de ellas es la competente para dictaminar sobre esa prórroga solicitada, pero denegada por el Ministerio de Transición Ecológica. El siguiente atasco estuvo en el ámbito judicial, pues aunque se llegó hasta el Tribunal Supremo, éste dictaminó que corresponde a la justicia ordinaria decir qué administración tiene la competencia al respecto: la central o la autonómica de Castilla y León.
COMPATIBILIDAD AMBIENTAL
El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha asegurado esta semana: “Nosotros lo tenemos muy claro”. “La estación de esquí es compatible con el cuidado del medio ambiente”. Recordó que tanto Castilla y León como Madrid quieren que Navacerrada siga abierta. Además apuntó la “oportunidad” de actividad económica y empleo que genera la estación en la zona, y por tanto es “importante” para el medio rural y la lucha contra la despoblación.
Suárez-Quiñones indicó que desde la Junta de Castilla y León defienden que esta estación de esquí esté “en funcionamiento”, dada su importancia económica para la zona y su popularidad. Señaló que la decisión del Gobierno central fue acabar con la concesión que existía en esta estación, aunque recalcó que el año pasado, la empresa concesionaria pidió una prórroga de dicha concesión debido a que la situación vivida con el Covid “justificaba la suspensión” de la actividad. “Esa petición no fue resuelta por el Gobierno de España, que entendía que no era competente y se hizo ante la Junta de Castilla y León”, explicó el consejero, recordando que la Administración autonómica entendía a su vez que “no eran competentes”, porque parte de esta estación se sitúa en el monte de Valsaín, que es propiedad del Estado y ellos sólo son gestores. “Desde Castilla y León defendemos que exista esta estación. Creemos que hay que hacer políticas de lucha contra la despoblación y no a favor de la despoblación. Cerrar esta estación, que no tenga futuro va en contra del reto demográfico”.
En la Comunidad de Madrid, la postura es similar. Su Consejería de Medio Ambiente aseguró esta semana que trabaja por mantener abiertas las pistas de esquí y por ello ha requerido desde hace casi un año “y hasta en cuatro ocasiones” a los ayuntamientos de Cercedilla (PSOE) y Navacerrada (JxCer + PSOE y Podemos), que son los titulares del monte público por donde pasa la estación, para que se pronuncien sobre qué va a pasar con esta instalación deportiva. Tras varias insistencias, el pasado mes de junio el consistorio de Cercedilla contestó que estaría interesado en sacar la concesión de la pista de Guarramillas.
Ahora, ambos ayuntamientos madrileños trabajan conjuntamente en la elaboración de un pliego de condiciones para, “si es posible”, adjudicar la explotación del telesilla de Guarramillas a una concesionaria y así la parte madrileña de la estación de esquí pueda seguir funcionando lo antes posible, según el alcalde de Cercedilla, Luis Miguel Peña. Que pueda reabrir ahora depende de los dos ayuntamientos donde se encuentran las pistas de la Comunidad de Madrid.
PRUDENCIA EN LA GRANJA
Desde el Ayuntamiento de La Granja de San Ildefonso, su alcalde, Samuel Alonso, evitó mostrar su opinión al respecto y en esa prudencia aseguró que mientras el asunto esté pendiente de resolución judicial, no se pronuncia. “En esta aspecto estamos al margen porque no tenemos ningún tipo de potestad”, explicó. Y añadió que lo mismo ocurre con el aparcamiento de la estación que, aunque se encuentra en término de La Granja, está anexo a la carretera y su gestión depende de un convenio que mantienen las comunidades de Madrid y de Castilla y León.
En torno a la supresión de la captación de agua del arroyo El Telégrafo, Samuel Alonso reconoció haber participado en una visita al azud. Allí se anunció el final de la concesión del agua, que va unida a la de explotación de la estación invernal. En este sentido recordó que ninguna de las partes ha presentado alegaciones a esa concesión de agua comunicada desde la CHD, por lo que dicha concesión, firmada en el año 96 ha concluido y no hay otra cosa que hacer”.
