El orden del día del pleno que celebrará el Ayuntamiento de Segovia el próximo viernes, 1 de julio, incluye dos expedientes urbanísticos relacionados con el desarrollo del futuro polígono industrial de Prado del Hoyo. Uno de ellos es la aprobación de un convenio interadministrativo con la entidad local menor de Revenga de manera que el consistorio segoviano asuma el coste derivado de los trabajos de urbanización que corresponden a la segunda, ya que es propietaria de un 7% del suelo de este sector.

El portavoz socialista en la capital, Jesús García Zamora, concejal de Hacienda y de Desarrollo Económico y Empleo, eplica que la finalidad de este acuerdo es que el Ayuntamiento anticipe las obligaciones económicas de Revenga en Prado del Hoyo y, a cambio, la entidad local menor se lo compensará posteriormente con aprovechamiento del suelo en esta zona empresarial.

“Lo hacemos porque consideramos que es interesante que continúe en manos públicas un porcentaje de suelo de Prado del Hoyo en torno al 10% del total de la superficie”, sostiene García Zamora, que incluye el 4,3% que es propiedad directa del Ayuntamiento de Segovia.

El informe económico del Plan Parcial de esta nueva zona industrial de la ciudad estima en 28,6 millones de euros el coste que el consistorio segoviano debe asumir como consecuencia del desarrollo de la misma, aunque probablemente necesite de una actualización por la evolución de los precios de las materias primas este año debido, entre otras razones, a la crisis derivada de la invasión de Ucrania por Rusia.

El principal gasto se corresponde en ese informe con la ejecución de equipamientos, en total 26,34 millones, ya que por los trabajos de urbanización y otros costes complementarios únicamente está obligado a asumir 2,1 millones, de acuerdo con el porcentaje del terreno del que es propietario, un 11,42% en total, incluyendo ya el suelo de la entidad local menor de Revenga.

Evidentemente, al tratarse de una administración pública, esos gastos deben estar compensados por ingresos que el estudio económico calcula en torno a 29 millones de euros. En este sentido, la viabilidad económica está garantizada porque estima que el Ayuntamiento recibirá 12,9 millones por el aprovechamiento urbanístico, 15,4 millones por el ICIO (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras) y 863.226 en concepto de tasas por licencias ambientales.

Modificación del Plan General

El otro expediente que se someterá al voto de la corporación municipal en relación a Prado del Hoyo es el relativo a la aprobación inicial de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Segovia (PGOU) para incorporar el acuerdo con la propietaria de parcelas del polígono industrial de Hontoria mecesarias para construir una glorieta de acceso al futuro polígono, a desarrollar junto al primero.

En septiembre de 2020, la Asociación de Propietarios de Prado del Hoyo se dirigió por escrito al Ayuntamiento interesándose por solucionar desde el punto de vista legal y urbanístico, el problema de los terrenos de esta rotonda de acceso. A partir de entonces se llevaron a cabo varias tramitaciones, incluyendo modificaciones en el PGOU y, sobre todo, la firma de un convenio hace ya un año con la empresa propietaria de esas parcelas, lo que permitió desbloquear la iniciativa de ampliación de la oferta de suelo industrial en la capital.

Según el portavoz socialista, el trámite que llega esta semana al pleno municipal supone un avance en la expropiación de esas parcelas, ya pactada en el convenio, teniendo en cuenta que la fórmula elegida para compensar a la propietaria es el aprovechamiento de suelo urbanizable dentro del polígono.

El convenio urbanístico con la propietaria de las parcelas afectadas, la sociedad Almerimar, supone la obtención anticipada de las mismas, que suman una superficie de 8.896,08 metros cuadrados, y la fijación de los criterios que establecen su valor y la forma de pago en especie de mutuo acuerdo en el seno de un expediente expropiatorio. De esta manera, la compensación se lleva a cabo a través de una modificación del PGOU para cambiar el uso y la edificabilidad actuales de la superficie restante de las parcelas; es decir, las no afectadas por la rotonda —20.894 metros cuadrados— y calificadas actualmente como equipamiento/centro administrativo, que pasan a tener uso terciario y más edificabilidad.