“Las leyes son como las telas de araña a través de las cuales pasan libremente las moscas grandes y quedan enredadas las pequeñas”. Hay quien atribuye está frase a Honoré de Balzac, pero otros señalan que quien la dijo primero fue Solón de Atenas, 600 años antes de Cristo. Las telas de araña, decía este último “detienen a lo débil y ligero y son deshechas por lo fuerte y poderoso”. Si es así, y lo es, qué poco hemos avanzado en eso de que todos somos iguales ante la ley.
Pero es más grave cuando es el poder el que vulnera o se salta las reglas mientras persigue al ciudadano que lo hace. El caso de Cataluña es para estudiar en un máster de Derecho. El Gobierno de esa comunidad autónoma española sigue empeñado en saltarse las leyes y las sentencias de los tribunales. En el caso de la obligatoriedad de, al menos, dar un 25 por ciento de la enseñanza en español, no solo se salta la ley, alegando “imposibilidad legal” de cumplirla, sino que ordena a los directores de los colegios públicos que incumplan la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, justo el día en que expiraba el plazo para cumplirla y después de meses de conocimiento de que debía hacerlo. El PSC, que es cómplice necesario en casi todas las tropelías del Gobierno independentista catalán, se llama a andanas y el Gobierno central, máximo responsable de que se cumpla la ley y de que haya igualdad para todos los ciudadanos se lava las manos y le echa el muerto a los mismos jueces a los que, de vez en cuando, denigra. ¿Cómo pueden estar al frente del Estado y de los gobiernos autonómicos quienes quieren subvertirlo? La Unión Europea ha amenazado a Polonia y Hungría con retirarles los fondos europeos y otras ayudas si persisten en su voluntad de convertir las leyes en instrumentos antidemocráticos. ¿Qué hace el Gobierno de España ante estas vulneraciones de la ley de quienes, además, reiteran que “lo volveremos a hacer”?
Pues nada, pero no en todos los casos. El Ministerio de Educación ha dicho que las sentencias tienen que cumplirse, pero se cuida mucho de obligar a la Generalitat a hacerlo. Y la Alta Inspección del Ministerio, a quien le tocaba actuar, está desaparecida en combate casi desde su creación. Pero no siempre es así. La ministra Montero, autora de la innecesaria y nefasta ampliación de la ley del aborto, ha dicho que para garantizar el cumplimiento de esa ley, el Gobierno contará con inspectores que vigilen que el derecho al aborto se cumple. “Se reforzará, ha añadido, el papel de la Alta Inspección en todo el territorio”. Y, además, obliga a todos los médicos que no quieran practicar abortos, en cumplimiento de su mandato ético, a que se inscriban en un censo público, uno en cada comunidad autónoma. O sea, que se garantiza el derecho al aborto en todos los hospitales públicos, con Alta Inspección, inspectores vigilando y sancionando en toda España y control de los objetores y no es posible hacer nada en Cataluña con los que se niegan a cumplir la sentencia que obliga a aplicar el 25 por ciento de la enseñanza en castellano. Empezando por su Gobierno. Abortar es un Por eso [Escriba aquí] derecho fundamental, según el Gobierno, pero poder estudiar en español ni siquiera es un derecho constitucional. En Nicaragua, el dictador Ortega, al que Podemos venera, se ha cargado la Academia Nicaragüense de la Lengua, con 94 años de existencia, y otras 200 instituciones porque son “agentes extranjeros no inscritos”. Es un desolador acto de barbarie contra la libertad y la democracia. Pero aquí, no estamos tan lejos cuando es el propio poder el que vulnera las reglas o no las defiende.
