El presidente Sánchez ha dicho que “la gran diferencia entre la derecha y la izquierda se resume muy rápido: cuando vienen mal dadas, cuando hay incertidumbre, la izquierda protege y la derecha lo que hace es recortar”. Los argumentos de Sánchez no son demasiado sólidos. Lo que ha venido sucediendo en las últimas décadas es que cuando la izquierda alcanza el poder, efectivamente busca acortar la desigualdad, pero lo hace gastando desaforadamente y cuando la derecha llega, efectivamente se ve obligada a recortar, sanear las cuentas y crear las condiciones para que la economía vuelva a crecer. Y cuando crece, vuelve la izquierda para gastar no mejor sino mucho más. Que se lo digan a Zapatero.
Pero ese no es el único problema de la izquierda hoy. ¿Dónde está la izquierda hoy? ¿En los límites constitucionales, como Podemos y compañía, o en la moderación socialdemócrata? Se ha demostrado que no hay un Gobierno unido sino abiertamente discrepante en el que unos y otros no rompen por la misma o parecida razón: unos saben que romper significa ir a elecciones y la posibilidad creciente de perder el poder y los otros no ignoran que si rompen no volverán a tocar poder en muchos años. Tal vez nunca más como le ha pasado a Ciudadanos.
¿La izquierda protege? En parte sí, como ha hecho el Gobierno de Sánchez con algunas iniciativas como la subida del salario mínimo, aunque su eficacia sea discutible. Pero ni la reforma laboral es una reforma de lo que había, y funcionaba, ni en lo económico ha roto ninguno de los privilegios de las grandes empresas. Su gestión de la crisis ha sido deficiente, la de los fondos europeos es, cuando menos, opaca y siguen defendiendo que solo lo público nos salvará de la crisis. Pero la realidad es que crecen la hipoteca del empleo público, la deuda y el déficit público y hasta las deudas del Estado con las pymes. Y lo que se vislumbra es un nuevo escenario de recesión y de emergencia social.
Casi todo lo que ha hecho la izquierda en esta legislatura es demagógico o gratuito. El intento de controlar y dinamitar el Poder Judicial; cargar sobre instituciones básicas o instrumentos esenciales del Estado de Derecho, como el CNI, responsabilidades que son del Gobierno; abrir las puertas de los secretos oficiales a los enemigos del Estado; la opacidad y la falta de explicaciones en la mayor parte de los casos, el último, el espionaje al propio presidente del Gobierno; la despenalización de las injurias a la Corona, con el voto a favor del PSOE; el abandono del español y de los derechos individuales en Cataluña, con el voto a favor del PSC; el bochorno de los indultos a políticos y a personas, como María Sevilla, que han infringido la ley, han mentido y no se han arrepentido; la abolición de la presunción de inocencia con la Ley del “sólo sí es sí”, un disparate jurídico; su afán por liberar a la mujer, que ha acabado por estigmatizarla; la posibilidad de que niñas de 16 o 17 años puedan abortar sin permiso paterno; la legitimación de la eutanasia en lugar de impulsar una política de cuidados paliativos; el intento de abolición de la prostitución sin haber intentado nunca la persecución del proxenetismo y de las mafias; la degradación de la calidad de la educación; hacer política de oposición echando la culpa de todo al PP y a Vox como si no estuvieran en el Gobierno; multiplicar el gasto militar cuando parte del Gobierno lo que querría es desmilitarizar España y que nos saliéramos de la OTAN. Inseguridad jurídica y más demagogia y contradicciones que políticas responsables.
Pero todo eso, con ser un problema, esconde otra realidad: a este Gobierno de unidad de la izquierda sólo le ata la necesidad de conservar el poder a cualquier precio y carece de proyecto para España. Su problema es doble: cómo sobrevivirá Podemos, si es que puede, y que pasará en el PSOE cuando Sánchez, perdido el poder, lo deje contra las cuerdas.
