Se han cumplido más de cuarenta años desde que la Diputación de Segovia aprobó el ejercicio del derecho de autonomía uniprovincial, siguiendo el artículo 143 de la Constitución (El adelantado de Segovia del 31 de julio de 2021, “La utopía de Segovia: hace cuarenta años pretendió ser autónoma”).
En efecto, tras la retirada de los representantes segovianos del Consejo General de Castilla y León, Comunidad Castellana de Segovia emitió un comunicado el día 19 de octubre de 1979 en el que valoraba positivamente esa decisión de cara a la defensa de la causa regional de Castilla. El resultado de esa inquietud es que la Diputación de Segovia y la inmensa mayoría de los Ayuntamientos de la provincia, concretamente 203 municipios votaron en contra de la incorporación al proceso autonómico de Castilla y León, frente a 9 municipios que votaron a favor, por lo que se inició el camino de la autonomía provincial de Segovia, al igual que se estaba tramitando la autonomía de otras provincias como Santander, Logroño, Navarra, Asturias, Madrid y Murcia. Precisamente, el Adelantado de Segovia el día 17 de octubre de 1980 subrayó el derecho de Segovia a su propia autonomía, afirmando su propia identidad, por lo que se invitaba a la Diputación provincial de Segovia a iniciar ese proceso.
De acuerdo a ese sentimiento, el día 27 de enero de 1981 Comunidad Castellana solicitó a la Diputación de Segovia el inicio del procedimiento para dotar a Segovia de una autonomía política, accorde con la identidad de las tierras de Segovia, en orden a la consecución de un desarrollo económico, cultural y cívico. Dado que el propio Real Decreto-ley 20/1978, de 13 de junio, que aprobó el régimen preautonómico de Castilla y León, preveía el derecho de acceso al régimen autonómico de cada provincia de acuerdo a la Constitución. Un procedimiento que exigía de acuerdo a su artículo 143.2, el inicio del procedimiento por parte de la Diputación Provincial y por las dos terceras partes de los municipios. Un proceso que contaba con el apoyo de la Cámara de Comercio e Industria, la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana y la Cámara Agraria Provincial en reunión plenaria, de 12 de junio de 1981.
Diversos Parlamentarios, Diputados provinciales y Concejales presentaron escrito de fecha 29 de julio de 1981 ante la Diputación de Segovia, solicitando que esa Diputación iniciara el procedimiento para el ejercicio del derecho de autonomía de Segovia, junto con la presentación a las Cortes de un Estatuto de Autonomía.
La presidencia de la Diputación de Segovia se hizo eco de la iniciativa, convocando sesión extraordinaria, dado que esa Diputación el 23 de abril de 1980 se había negado a la incorporación de Segovia a Castilla y León. En el pleno de la Diputación de Segovia de 31 de julio de 1981 se acordó estimar las peticiones colectivas formuladas e iniciar el proceso de dotar a Segovia de una autonomía uniprovincial, al mismo tiempo que se manifestaba el rechazo a un eventual acuerdo político, a nivel nacional, por el que se obligara a nuestra provincia a incorporarse a una Comunidad Autónoma, violando la libertad, la dignidad y la voluntad democrática del pueblo segoviano. Ese acuerdo del pleno de la Diputación de Segovia fue aprobado por 20 votos frente a uno, al mismo tiempo que los 204 Ayuntamientos segovianos, 178 votaron a favor de esa iniciativa, aunque no representaban la mayoría del censo electoral como exigía el artículo 143.2 de la Constitución, dado que la capital se había mostrado en contra.
Sin embargo, a pesar del sentimiento mayoritario de los Ayuntamientos y de la población, el procedimiento no pudo llevarse a término, y la Ley Orgánica 5/1983, de 1 de marzo, aplicó el artículo 144.c) de la Constitución a la provincia de Segovia, sin la participación de la ciudadanía segoviana, e incorporó a Segovia al proceso autonómico de Castilla y León, por razones de interés nacional, en contra del sentido del 90% de los Ayuntamientos de Segovia y de la propia Diputación Provincial.
Unas razones de interés nacional que no se han aplicado nunca más, a pesar de los desafíos vasco y catalán. El ejemplo lo tenemos ahora, cuando hemos asistido a la aprobación de los indultos de los participantes en la convocatoria de un referéndum ilegal y anticonstitucional, en contra del preceptivo informe del Tribunal Supremo. Unos indultos que han sido contestados por el Presidente de la Generalitat de Cataluña, en el sentido de exigir un referéndum pactado para la proclamación de la independencia de Cataluña. Mientras que el Gobierno de la Nación aprobaba su actitud y acordaba un plan de inversión de 2.230 millones para Cataluña en 2002, un 17% más que el ejercicio anterior, junto con el traspaso del reciente impuesto sobre residuos y el proyecto del tren en el arco mediterráneo. Al mismo tiempo que el indicado Gobierno procedía a transferir los ingresos de los dos nuevos impuestos a la Comunidad Autónoma del País Vasco (los Impuestos conocidos como la Tasa Google y la Tasa sobre transacciones financieras), para seguir “construyendo país”.
Autonomía política y económica para las regiones tradicionalmente privilegiadas, y nada para las provincias menos desarrolladas, y que han de contribuir forzosamente a la promoción de las primeras por las mismas razones de interés general.
Recordemos que llueve sobre mojado, y que la proposición de ley sobre reintegración de la propiedad de los montes de Balsaín y San Ildefonso a la Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia fue rechazada por el pleno del Congreso de los Diputados el 11 de mayo de 1983, al mismo tiempo que recientemente por Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de abril de 2020, en plena pandemia, se aprobó la prórroga de la autopista A-6, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya se ha pronunciado en contra de la concesión. Lo dicho, “a unos tanto y a otros tan poco”. Parece ser el destino de España, caminar bajo la injusticia y la marginación de los territorios siempre leales al marco constitucional.
