Acobardado y a la defensiva, el Gobierno de Sánchez está dando una imagen penosa ante la ofensiva del independentismo catalán por cuenta del presunto espionaje a sus líderes políticos y sociales.
En la sesión de control al Ejecutivo, este miércoles en el Congreso, vimos a un presidente Sánchez encogido frente a las exigencias de quienes, una vez más, vuelven a interpretar el papel de vírgenes ofendidas. Lo bordó en esta ocasión el diputado Gabriel Rufián (ERC) con una chulesca intervención que declaró insuficientes las decisiones tomadas por Moncloa a demanda del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, para deshacer los entuertos relacionados con el expediente Pegasus.
A saber: una investigación propia del CNI, otra del Defensor del Pueblo y una tercera de carácter parlamentario en la comisión de gastos reservados (también llamada de “secretos oficiales”). Y si hace falta, el compromiso de desclasificar documentos confidenciales.
A Rufián y al resto de los dirigentes independentistas no les vale nada de eso. Según ellos, la contrición de Sánchez y su ofrecimiento de ir hasta el fondo en la investigación de lo ocurrido, solo sirve si ruedan cabezas y el supuesto responsable de las supuestas órdenes del supuesto espionaje, se hace un real y verdadero haraquiri político y declara que el Estado está en manos de un grupo de ratas de cloaca.
Penosa imagen —queda dicho—, la de un Gobierno encogido ante el acoso del independentismo por cuenta del poco riguroso informe de Citizen Lab (el grupo informático de la Universidad de Toronto del que forma parte el conocido independentista Elies Campo).
Pero más penosa todavía es la imagen de una ministra de Defensa, Margarita Robles, de cuyo departamento depende funcionalmente el CNI, defendiendo en solitario el trabajo de los servicios secretos y recordando que, entre otras cosas, están legalmente habilitados para prevenir los ataques al orden constitucional.
“¿Qué tiene que hacer un Gobierno cuando alguien vulnera la Constitución, declara la independencia y mantiene relaciones con el país que está invadiendo Ucrania?”, se preguntó en voz alta la ministra en una de sus intervenciones de la mencionada sesión de control.
Ahí les duele. Esos son los ángulos de la cuestión del que los activistas del “proces” (octubre 2017) no quieren saber nada. Prefieren concentrar sus esfuerzos en el chantaje a un Gobierno necesitado de sus votos para mantener vivo el llamado bloque de investidura y seguir adelante con su agenda legislativa.
Ahora, todos quedamos pendientes de saber si los 13 votos de ERC tumban este jueves, o permiten en su caso, la convalidación parlamentaria del decreto del Gobierno contra la espiral inflacionista.
