Sin su socio de legislatura Esquerra Republicana, al Gobierno le va a resultar complicado aprobar el decreto anticrisis. Y la votación es el jueves en el Congreso.
A los independentistas catalanes, todos a una por primera vez desde hace meses, les ha venido como agua de mayo estas “escuchas telefónicas” para darle impulso a una unidad resquebrajada y revitalizar un ‘procés’ que pierde apoyos y adeptos día a día. A la estrategia del “España nos roba”, ya en desuso, le han buscado una nueva: “España nos espía”.
Como si no fuera previsible, e incluso pertinente, que, frente a un movimiento secesionista e inconstitucional que buscó, incluso en la Rusia de Putin, apoyo a su golpe al Estado, no utilizará todas las armas legales a su alcance para defender las normas de convivencia.
Se comprende su sorpresa cuando que, al anterior Gobierno de Mariano Rajoy, le aparecieron como por ensalmo urnas y papeletas en el referéndum catalán por un fallo estrepitoso del CNI. Los dirigentes independentistas condenados por el Supremo y el escapado Puigdemont tenían razones para creer que el Estado no se enteraba de nada. De ahí su sorpresa al saberse escuchados.
Pere Aragonés, el president de la Generalitat, que no suele visitar Madrid, ha llegado a hacer declaraciones en la Carrera de San Jerónimo, a las puertas del Congreso, amenazando con retirar el apoyo a Moncloa. Pretenden que se cree una comisión de investigación que, dado que el tema implica al CNI, parece alto improbable.
El PP, por su parte, que tiene su propio plan económico con algunas medidas difícilmente rechazables, exige al Ejecutivo una negociación bilateral para transitar el camino de la recuperación económica y paliar los efectos de la invasión de Ucrania por lo que el apoyo al decreto del jueves parece bastante improbable. La última apuesta de Feijóo es recuperar las centrales nucleares. Lo que no parece tan descabellado a la vista de las dificultades de suministro de gas y petróleo.
Por su parte, Unidas Podemos, subidas al carro de la oposición, exigen explicaciones por las escuchas telefónicas y se oponen al envío de armas a Ucrania. Su intento por diferenciarse de las políticas del Gobierno del que forma parte es inagotable.
Y con estos mimbres pretende Pedro Sánchez agotar la legislatura. Si no consigue aprobar el decreto el jueves y ERC vuelve a votar en contra, como hizo con la Reforma Laboral, el panorama se complica en el peor momento de la crisis, con los precios disparados.
Ni ERC, ni Bildu, ni Junts, ni la CUP, ni siquiera Podemos, van a renunciar a sacar rédito electoral a los pinchazos y secretos telefónicos.
