El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, espera que el informe “Pegasus” tenga consecuencias políticas si el Gobierno quiere restablecer la confianza con ERC, “que ahora es cero”, dijo en su búsqueda de culpables por lo que el independentismo ve tras el expediente “Pegasus”: violación de derechos fundamentales por parte del Estado. “Tienen que rodar cabezas”, tronó en Madrid al sugerir que ERC rompería el bloque de investidura de Sánchez si en Moncloa no aclaran lo sucedido en un aparente caso de espionaje masivo a dirigentes de partidos legales.
Por los circuitos mediáticos y políticos circulan otras hipótesis sobre el estudio de Citizen Lab, un equipo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto. Al parecer, el informe “Pegasus” (intervención telefónica de líderes políticos y sociales del independentismo) es muy especulativo y poco concluyente.
Los responsables de la empresa israelí, dueña de esta tecnología (NSO Group, creadora del software de espionaje), sostienen que el informe de Citizen no es respetuoso con los poderes públicos encargados de cumplir y hacer cumplir las leyes. Y ese es, a mi juicio, el nudo de la cuestión en una escandalera tardía (el asunto no es nuevo) y cargada de aspavientos, como es costumbre en la banalizada política nacional.
Poca capacidad de maniobra tiene el Gobierno ante las amenazas de Aragonès, escenificadas días antes en Bruselas por las dos cabezas visibles del independentismo (Puigdemont y Junqueras), cuando se trata de temas relacionados con la seguridad del Estado y los protocolos en materia de “secretos oficiales”.
Todo eso se configura en un marco de legalidad que el Gobierno ha de respetar, lo cual no puede ser en cualquier caso un burladero. Significa que el Gobierno no puede salirse ni un milímetro de la doctrina oficial. A saber: si algún servicio del Estado se ha excedido en su tarea de perseguir o prevenir la comisión de un delito, habría sido con autorización judicial. Si ha llevado a cabo alguna actuación excepcional que afecta a la intimidad personal o el secreto de las comunicaciones (artículo 18 de la Constitución) habría sido en el marco del Estado de Derecho.
Aquí el Gobierno cuenta con el principal partido de la oposición. Se lo pregunté a Cuca Gamarra, secretaria general del PP. “Estamos de parte del Gobierno. España es un Estado de Derecho”, dice. Cierto. Y no deja de serlo cuando la FGE, la PN, la GC o el CNI trabajan sometidos al mismo control judicial, incluso mayor, que la Dirección General de Tráfico, el Defensor del Pueblo o el INE.
En conclusión: la exigencia de explicaciones por parte de Aragonés está justificada. Pero también lo está el silencio del Gobierno cuando se remite al marco de legalidad que, entre otras cosas, prevé la actuación judicial si se aparecían supuestos delictivos en el caso que nos ocupa.
