Decía André Gide que solo se pueden tomar en serio los asuntos de los que uno se puede reír. Nada más cierto, sí se piensa bien. Basta con observar la sobreactuación de los dirigentes políticos catalanes independentistas ante la revelación de las presuntas escuchas telefónica de las que habrían sido objeto algunos de ellos.
Denuncian que han vulnerado su derecho a la intimidad pero olvidan que algunos de ellos condenados por delitos de sedición, recién excarcelados merced a los indultos concedidos por Pedro Sánchez, declararon en público que “lo volverían a hacer”. Hacer, ¿qué? Pues volver a saltar por encima de la legalidad constitucional promoviendo otro “procés”, el camino apara segregar a Cataluña de España.
Escrito está en la Constitución (Art. 97) qué, entre otras obligaciones, el “Gobierno dirige la Administración civil y militar y la defensa del Estado”. Que quienes tienen encomendado por ley la defensa del Estado procuren, dentro de la legalidad como corresponde en una democracia, cumplir esa tarea no debería ser motivo de sorpresa. También la ley establece que quienes llevan a cabo ése cometido están sujetos a un estricto control judicial. Actúan si hay razones y tienen autorización para hacerlo.
En este asunto está de más la farisaica sobreactuación de Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, que parece haber encontrado un argumento para activar el victimismo como palanca con la que levantar el ánimo de la alicaída parroquia separatista.
Sobran, también, los circunloquios de los ministros a la hora de marear la perdiz. Además de a Podemos, Pedro Sánchez les debe la llave de La Moncloa a los separatistas que amenazan ahora con retirar su apoyo en lo que queda de legislatura. Van de farol. Pero en este asunto, como en tantos otros, Sánchez está atado por sus hipotecas y será noticia si se atreve a decir a quienes anunciaban que quieren subvertir la legalidad que la obligación del Gobierno es impedirlo por los medios y cauces que establece la ley.
