Quisiera que conste, en primer lugar, que no tengo intención ni deseo de aguar el muy grave caso del ‘catalánGate’ inscribiéndolo en otros asuntos de espionaje telefónico, sea a propios o a disidentes. Creo que ese presunto control, no menos presuntamente ilegal, a representantes del independentismo catalán es algo que debe investigarse a fondo depurando las responsabilidades que correspondan, y pienso también que no cabe ampararse en una dudosa ‘defensa del Estado’ para cubrir lo que no son sino delitos. Pero el problema es más amplio, más serio.
El problema afecta a la privacidad de todos nosotros. Me parece que pocos países de la Unión Europea aceptarían con la resignación del nuestro la constatación de que aquí se espía a todo el mundo: usted es un don nadie si una institución, un servicio parapolicial, una empresa rival, un funcionario encargado de hacerlo por las razones más variadas, una empresa contratada por un marido celoso que es, además, un prohombre, el mismísimo Putin, yo qué sé, no andan husmeando en su teléfono, que era ese aparato en teoría destinado a facilitar nuestra libertad y que se ha convertido ya, de hecho, en nuestro amo. Jamás la pesadilla del Gran Hermano estuvo tan cerca de hacerse realidad, cuando asumimos pasivamente que nuestro móvil nos pregunte, a la salida del bar donde acabamos de tomar un café, si el bar nos ha gustado y si el café que hemos tomado con sacarina no hubiese estado mejor con azúcar.
No, no exagero. Aquí, nada menos que un vicepresidente del Gobierno, un ministro de Defensa y el jefe de los servicios secretos hubieron de dimitir porque desde el CESID se escuchaba sin la preceptiva autorización judicial –motivada– desde al Rey hasta al presidente del Real Madrid, pasando por ministros, periodistas y hasta miembros de la secta de la cienciología. Eso ocurrió en 1995 y, desde entonces, han proliferado como setas en otoño los espionajes a los propios partidos -Kitchen-, a los rivales políticos, a las/los amantes de los rivales políticos, a los futbolistas más o menos ‘indepes’ y trincones, a los ‘indepes’ que no son futbolistas y a los ‘anti indepes’ desde el lado ‘indepe’. Pasando, claro, por golfos que comercian con mascarillas y hermanos de presidentas autonómicas que ídem. Son tantos los casos que ya ni recordamos las fechorías de aquella empresa catalana ‘Método 3’ ni a aquel ministro del Interior que fue grabado en su propio despacho.
“Cuando tienes el poder de conocer la vida de los otros, sientes la inevitable tentación de ir cada día más allá”, me dijo un día un ministro del Interior, ya fallecido, que había sido, él mismo, y me consta, víctima de escuchas incontroladas, probablemente por parte de unos servicios secretos ajenos a todo límite. Y entonces, claro, usted, o yo, o cualquiera, puede ser víctima de esa investigación ilegal que cualquiera puede justificar en que se hace por el bien del Estado y que en realidad busca saber con quién se acuesta, hace negocios o, simplemente, va a almorzar.
No me bastará con que la ministra de Defensa, la patentemente honrada Margarita Robles, que se ve obligada a moverse por estas alcantarillas, acuda a declarar a una deseable comisión de investigación parlamentaria. Ni que lo haga también la muy desconocida Paz Esteban, que resulta ser la directora actual de los servicios secretos, que, por supuesto, no declarará amparándose en la ley que, a su vez, la protege de indiscreciones. Creo que es este un asunto para que, en cuanto se haya repuesto de su viaje a Kiev, lo aborde el mismísimo presidente del Gobierno, a quien, por cierto, no culpo en exclusiva de que hayamos llegado hasta donde estamos: ya vemos que la cosa viene de lejos.
Y, si no, nada, nos resignamos a que, cuando se hagan leyes sobre Seguridad Ciudadana, se redacten, como siempre, pensando en el bienestar del Estado y nunca en los derechos de los ciudadanos.
